Wilber Garcés, el migrante venezolano al que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) hirió de bala en la espalda, fue operado en la víspera para extraerle el proyectil, tras pasar once días detenido con el disparo dentro del cuerpo, según informó este viernes el congresista Greg Casar.
«Esto tardó demasiado y es aún más prueba de la crueldad de ICE», escribió el legislador -en su cuenta de la plataforma X-, «pero mantuvimos la presión y Wilber consiguió el cuidado que necesitaba».
Garcés, de 28 años, fue abordado por agentes de ICE mientras trabajaba entregando comida a domicilio en Austin, Texas, el pasado 20 de septiembre.
Después de una persecución corta, en la que los agentes lo siguieron en dos camionetas negras, uno de los agentes, que no tenía una cámara corporal para grabar sus acciones y es un requisito de la agencia, le disparó a Garcés, según informó un investigador del Gobierno en documentos judiciales.
Se desconocen aún más detalles sobre los minutos previos al disparo o por qué el agente decidió usar su arma de fuego.
Tras el incidente, Garcés fue trasladado inicialmente a un hospital local, donde le dieron de alta a las pocas horas y fue entregado a las autoridades con la bala aún dentro de su cuerpo.
Desde entonces, el ciudadano venezolano ha permanecido capturado, primero en un centro de detención para migrantes en el sur de Texas y ahora bajo custodia del Servicio de Alguaciles de EE.UU., según informó la organización Texas Civil Rights Project, que participa en su defensa legal, según un comunicado.
Garcés fue intervenido quirúrgicamente dos días después de que el Gobierno de EE.UU. presentara cargos en su contra por presunta agresión a un agente federal y resistencia al arresto durante el incidente del 20 de septiembre con los funcionarios de ICE.
En una audiencia inicial sobre estos cargos, el pasado miércoles y a la que Garcés asistió, el juez federal ordenó que el venezolano pasara a detención penal sin fianza.
La defensa de Garcés ha cuestionado el proceder del Gobierno, al asegurar que el hecho de que el agente que disparó no tuviera una cámara y que el otro la apagara en algún punto durante el incidente evita que exista un «registro completo sobre cómo este encuentro terminó en un tiroteo».
«Esto es un problema de seguridad pública. Los agentes federales no pueden actuar como jueces, jurados y verdugos en nuestras calles», agregó el comunicado, «nadie en nuestras comunidades debería tener que preguntarse si un encuentro con agentes encargados de aplicar las leyes civiles de inmigración terminará en violencia».
Garcés llegó a EE.UU. en diciembre de 2023 a través de CBP One, una aplicación utilizada durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) para gestionar citas de migrantes que buscaban presentarse en puertos de entrada de la frontera sur.
El venezolano había solicitado asilo, pero un juez de inmigración ordenó su deportación en ausencia durante una audiencia a la que no se presentó, según relató su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch.
Durante el año fiscal 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) remitió a fiscales federales 274 casos con posibles cargos por agresión, resistencia o interferencia con agentes federales bajo la sección 111 del título 18 del Código pertinente en Estados Unidos.
La cifra en mención es la más alta desde la creación del departamento y casi el doble del anterior máximo, registrado en 2019, según una investigación de la organización independiente ‘Project For Government Oversight’. EFE
