La Diputación Permanente del Congreso español convalidó este jueves el decreto ley con el que el Gobierno busca hacer la vivienda más accesible y frenar la especulación, pero rechazó otro con el que el Ejecutivo pretendía introducir en España la renovación automática de los contratos de alquiler.
El Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez sacó así adelante con 35 votos a favor y 34 en contra el grueso de las medidas para afrontar la crisis de la vivienda en el país que aprobó a raíz del desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, de 87 años.
El rechazo de los dos decretos presentados por el Gobierno a raíz del «caso Maricarmen» hace unas semanas en una votación en el Congreso llevó a Sánchez a anunciar un adelanto al próximo 29 de noviembre de las elecciones generales previstas para 2027.
Además, el Sindicato de Inquilinas convocó una huelga general contra la crisis de precios desorbitados de la vivienda que se llevó a cabo este miércoles y calificada de «éxito» por los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, aunque empresarios y la oposición de conservadores y extrema derecha creen que fracasó, y que fue «política» y «electoralista».
La votación de este jueves en la Diputación Permanente del Congreso, un órgano parlamentario especial que asume funciones legislativas cuando las Cortes están disueltas, como ocurre ahora con la convocatoria electoral del 29 de noviembre, permitió convalidar uno de los dos decretos del Gobierno.
Votaron a favor el Partido Socialista (PSOE), su socio en el Gobierno de coalición (Sumar), las formaciones nacionalistas ERC, Bildu y PNV, y el izquierdista Podemos.
Mientras, lo hicieron en contra el Partido Popular (PP), el ultraderechista Vox y la formación nacionalista catalana Junts.
El decreto ley de vivienda convalidado permite prorrogar dos años los contratos de alquiler que venzan antes de 2029 y pone topes a la actualización anual de las rentas hasta el final de 2027.
En vigor desde el pasado 8 de octubre, también protege de los desahucios de alquiler a las familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030 y limita hasta la misma fecha la compra de inmuebles a los «grandes tenedores» (propietarios de más de diez viviendas o cinco en zonas calificadas como tensionadas).
Asimismo, regula el alquiler de temporada y por habitaciones; impone un IVA del 10 % para los pisos turísticos; rebaja al 4 % el IVA para la vivienda protegida y crea beneficios fiscales para inquilinos y caseros y préstamos públicos al 0 % para la entrada de una hipoteca.
El Gobierno no pudo, sin embargo, convalidar el decreto de renovación automática de los alquileres, al situarse el Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el bloque del ‘no’ y sumar con el PP, Vox y Junts 35 votos en contra, frente a los 34 a favor. EFE
