La organización no gubernamental Provea cuestionó que las autoridades del régimen reafirmen su compromiso con la protección de la Madre Tierra durante la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático 2026 (COP31), mientras la minería ilegal continúa afectando la Amazonía y los territorios ancestrales del país.
En una publicación difundida este jueves 12 de noviembre, Provea alertó sobre la actividad aurífera ilegal en el sector indígena 3, a orillas del río Caroní, donde —según denunció— la explotación minera devasta el cauce y los bosques ribereños. También señaló la destrucción en el sector indígena 5 Apoipo, en la Gran Sabana, que atribuyó a una actividad sostenida por el suministro constante de combustible. La situación fue alertada por el periodista Fritz Sánchez.
Provea recordó que la expansión de la minería en la Amazonía venezolana se intensificó desde 2016, tras la creación del Arco Minero del Orinoco, que abarca 111.843,70 kilómetros cuadrados del sur del país. Desde entonces, aseguró, la actividad se ha extendido hacia otros territorios de la Amazonía.
La organización también señaló que, según su Informe Provea 2025, durante ese año la minería legal e ilegal alcanzó casi todas las regiones de Venezuela, mientras que el proceso de demarcación de territorios indígenas permanece paralizado desde 2015.
De acuerdo con el informe Memoria de la Amazonía venezolana en riesgo, apenas 7,24 % de las hectáreas solicitadas por pueblos indígenas de Amazonas y Bolívar cuenta con títulos de propiedad.
Ante este panorama, Provea exigió acciones concretas para detener la actividad minera y garantizar el respeto a las tierras ancestrales de los pueblos indígenas. «Más que discursos en cumbres internacionales, exigimos acciones que detengan la depredación minera en Venezuela», expresó la organización.
Las autoridades interinas “reafirman su compromiso con la protección de la Madre Tierra” en La Conferencia ONU sobre el Cambio Climático 2026 (COP31).
Mientras en Venezuela la minería ilegal sigue arrasando el amazonas y territorios ancestrales.
Como en el sector indígena 3, sobre el río Caroní, donde la actividad aurífera ilegal devasta el cauce y los bosques ribereños. O en el sector indígena 5 Apoipo, en la Gran Sabana, donde la destrucción avanza sostenida por un suministro constante de combustible. Alertado por el periodista Fritz Sánchez (@Fritz_A_Sanchez).
Desde 2016, tras la creación del Arco Minero del Orinoco sobre 111.843,70 km² del sur del país, la minería se ha extendido hacia el resto de la Amazonía venezolana.
En nuestro #InformeProvea2025 documentamos que en 2025 la minería legal e ilegal llegó a casi todas las regiones del país, mientras la demarcación de territorios indígenas sigue paralizada desde 2015.
Apenas 7,24 % de las hectáreas solicitadas por pueblos indígenas en Amazonas y Bolívar ha sido titulado, reportado en nuestro informe Memoria de la Amazonía venezolana en riesgo.
Más que discursos en cumbres internacionales, exigimos acciones que detengan la depredación minera en Venezuela y respeten las tierras ancestrales de los pueblos indígenas.
— PROVEA (@_Provea) November 12, 2026
