A propósito de la tercera sesión del Foro de Diálogo Social, bajo el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se realiza en medio de protestas de trabajadores públicos, pensionados y jubilados por la precariedad en los salarios, el partido Primero Justicia reiteró su apoyo incondicional a los venezolanos que han alzado su voz para exigir se respeten sus derechos.
La tolda amarilla recordó que las exigencias que están realizando trabajadores públicos, pensionados y jubilados es que se cumpla el artículo 91 de la Constitución que establece que el sueldo mínimo debe alcanzar para cubrir al menos la canasta básica, por lo que es urgente la necesidad de establecer una discusión sobre el salario mínimo, donde participen todos los actores involucrados, para que la decisión que adopte el Estado responda las necesidades de trabajadores y empleadores.
“El salario mínimo en el sector público está fijado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales (unos US$6), un monto que se ha depreciado rápidamente debido a la hiperinflación que, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, fue de 305,7% el año pasado”, expresaron.
Acotaron que “la canasta básica de 60 productos para una familia de cuatro personas tiene un precio de $485. Una familia necesita un salario mínimo diario para comprar los productos básicos alimentarios de un mes. Un trabajador necesita 53 salarios mínimos para poder cubrir las necesidades alimentarias, eso sin mencionar los servicios y el número de personas en el núcleo familiar”.
Respecto al gremio docente, el cual fue el primero en salir a las calles en protesta y exigencia de mejoras laborales, el partido recordó que la solicitud que realizan es clara, que se reanude la discusión de la Convención Colectiva, y que se pague el 280% más sus incidencias, lo cual consideraron es necesario para que los maestros puedan ejercer con dignidad y no desfallecer en su ardua labor, tan necesaria para la construcción de un país.
En tal sentido manifestaron que los docentes exigen la aplicación inmediata del artículo 19 de la Constitución, el cual establece que el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, es por ello que demandan la reactivación de las primas, y de la Seguridad Social. Además, de la inversión en educación, tal como lo dispone la Carta Magna en los artículos 3 y 311.
Concluyeron indicando que rechazan contundentemente las amenazas que se han escuchado en los últimos días en cuanto a la inclusión al proceso educativo de chamba juvenil. “Por eso exigimos la aplicación del Art. 104 de la Constitución que contempla que la educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica”.
