Beatriz Salas de Marino, madre del economista y buzo profesional Hugo Marino, denunció que las autoridades del régimen interinomantienen el silencio sobre el paradero de su hijo, desaparecido desde el 20 de abril de 2019 tras llegar a Caracas.
Según su testimonio, ninguna instancia oficial se ha pronunciado pese a las denuncias, las medidas cautelares y las peticiones internacionales de fe de vida.
«Nadie lo vio, nadie me informa nada, no hay manera», declaró Salas. Dijo que escribió al fiscal general, Larry Devoe, y a la defensora del pueblo, Egleé González, y que tampoco obtuvo respuesta. También afirmó que escribió a Dinorah Figuera para pedirle que el caso de su hijo sea tema en la Mesa de Diálogo, y que no ha tenido comunicación con ella.
Salas afirmó que el exfiscal general Tarek William Saab la bloqueó en la red social X cuando le insistía por respuestas.
La madre sostuvo que existe una omisión deliberada frente a los casos de desaparición. «Solo hablan de los presos políticos, pero no hablan de las personas desaparecidas», dijo.
Se refirió además al caso de Víctor Hugo Quero Navas, detenido y desaparecido. Según el texto, su madre, Carmen Teresa Navas, lo buscó durante un año por los centros penitenciarios, y las autoridades negaron su paradero hasta que, luego de reunirse con la defensora González, el régimen confirmó su muerte bajo custodia. «A mí no me van a callar», dijo Salas.
Hugo Marino viajaba con frecuencia entre Venezuela y Estados Unidos. El 20 de abril de 2019 regresó a Caracas y alcanzó a hablar con su madre para avisarle que había aterrizado y que la llamaría por la noche. Desde entonces ella no tiene información sobre su paradero.
«No sabemos dónde lo agarraron, pero fuentes nos dijeron que estuvo en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). La primera vez recibieron la ropa y la comida, y la segunda vez dijeron que ya no estaba allí», relató.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Hugo Enrique Marino Salas y sus familiares el 23 de octubre de 2019, mediante la Resolución 54/2019 (Medida Cautelar No. 918-19). El caso también fue documentado ante la Corte Penal Internacional, según la información publicada.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo investigar la desaparición «de manera pronta, exhaustiva e imparcial» y ofrecer una fe de vida inmediata a los familiares.
La organización recordó que, según la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el Estatuto de Roma, la desaparición forzada es una violación continuada de los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad. Agregó que la negativa del Estado a informar sobre el destino de una persona somete a sus familiares a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
