Irregularidades en el suministro de agua potable, escasez de alimentos, inaccesibilidad a productos básicos de higiene personal como toallas sanitarias, insalubridad, maltratos, vejaciones y hasta abuso sexual son parte del fatídico día a día de las mujeres privadas de libertad en Venezuela.
De acuerdo al informe «Mujeres privadas de la libertad: Las voces de las mujeres detrás de las rejas», efectuado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en el país no se han generado políticas carcelarias con perspectiva de género, por lo que en consecuencia se invisibiliza y discrimina a ese sector de la población reclusa.
En ese sentido, la mayoría de las normativas giran en torno a las necesidades de los hombres y no han sido atendidas ni adaptadas a las necesidades específicas de las mujeres.
De acuerdo a los datos extraídos de encuestas efectuadas a un grupo de privadas de libertad, familiares, abogados y coordinadores del OVP en todo el territorio nacional, a inicios del año 2021 las cárceles venezolanas contaban con 37.517 personas privadas de libertad, de las cuales 2.318 son mujeres y 35.560 son hombres.
En tanto, el porcentaje de mujeres en prisión en Venezuela representa el 6.2% del total, mientras que el porcentaje de hombres representa el 93.8%, lo cual no es diferente al porcentaje de mujeres privadas de la libertad a nivel mundial.
En Venezuela, el sistema penitenciario cuenta con 17 establecimientos femeninos, de los cuales 16 de ellos son anexos de centros penitenciarios masculinos.
La capacidad instalada de los 17 establecimientos es de 2.154 plazas. Para el 2021, la población reclusa es de 2.318 privadas de libertad; en consecuencia, podemos afirmar que existe un hacinamiento del 101.3% sobre la capacidad instalada, lo cual representa un riesgo moderado en materia de hacinamiento.
El Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) es el único centro penitenciario que fue diseñado con el propósito de albergar mujeres privadas de la libertad con un enfoque diferenciado.
El resto de los centros son anexos de los internados de reclusión masculinos, caracterizados por la improvisación y la falta de adecuación necesaria a los estándares mínimos de reclusión.
Sin atención mínima
Más del 70% de las mujeres entrevistadas calificó las instalaciones en donde permanecen como malas e insalubres. Asimismo, más del 60% de las encuestadas también develó que tienen acceso esporádico al agua potable en detención, lo cual es un servicio básico e indispensable para la higiene personal y menstrual de la mujer.
En cuanto a los artículos de aseo personal y uniformes, es la familia quien debe proveerlos. De igual manera ocurre con las toallas sanitarias, aunque son muchas las mujeres que se ven obligadas a usar trapos durante su menstruación, los cuales improvisan con trozos de sábanas o su misma ropa.
Sobre la alimentación, las reclusas entrevistadas para el informe destacaron que comen cuando mucho dos veces al día. También son los familiares quienes les proveen los alimentos en los centros de detención policial, mientras que la comida en los recintos penitenciarios es escasa y poco balanceada.
Las privadas de libertad en Venezuela tampoco tienen derecho a la salud. Un 64.6% de las encuestadas aseguró que no ha sido atendida por personal médico desde su detención, mientras que solo un 35.4% recibió atención médica, la cual solo es gestionada en casos de emergencia.
En el informe también se detalla que más del 67% de las mujeres que fueron encuestadas duermen en una colchoneta sobre el piso.
Al ser consultadas, solo 18.8% de las mujeres comparte la celda con una o dos compañeras, mientras que más del 75% comparte la celda con más de 5 o 10 mujeres y 7.8% comparte la celda con más de 20 mujeres.
Este alarmante porcentaje es clara evidencia del hacinamiento, lo que acarrea consecuencias sumamente negativas que repercuten en la salud, su reinserción, desarrollo, conducta e incluso alimentación.
