La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otras ocho organizaciones solicitaron este lunes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU garantizar «la protección y el respeto de las libertades de expresión y de prensa» en Nicaragua.
En la carta remitida a este organismo intergubernamental, la SIP pide que formule recomendaciones que permitan garantizar los derechos citados en Nicaragua y tenga en cuenta las graves denuncias realizadas por organizaciones de la sociedad civil y presentadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos.
Desde 2018, precisa la red de oganizaciones, Nicaragua «atraviesa una grave crisis de derechos humanos, agudizada tras la manifestaciones ciudadanas que desataron una represión estatal sin precedentes».
Pese a que el Estado de Nicaragua afirmó en su Reporte Nacional de septiembre pasado que no existen violaciones a la libertad de expresión en el período bajo evaluación (2019-2023), informes de la sociedad civil y organismos internacionales demuestran una realidad distinta, subrayan en su denuncia.
«Las investigaciones, datos concretos y testimonios evidencian un cierre casi total del espacio cívico y la persecución sistemática de voces críticas», exponen.
Y detallan que entre 2019 y 2023, según informaciones recopiladas por organizaciones de la sociedad civil, las agresiones más comunes contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron «las detenciones arbitrarias, el espionaje, el acoso judicial, los secuestros, los ataques con violencia e incluso la tortura».
En ese contexto de violencia, la Agencia de la ONU para los Refugiados(ACNUR) indica que entre 2018 y 2023, alrededor de 440.260 personas sufrieron desplazamiento forzado (6.5 % de la población); al menos 317 personas fueron víctimas de despojo de su nacionalidad y condenados por el delito de traición a la patria.
Y hasta septiembre de 2024, la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) contabilizó al menos 278 de periodistas exiliados.
Además se han registrado hasta agosto de 2024 el cierre forzoso de 5.664 de ONG nacionales e internacionales, organizaciones religiosas, asociaciones culturales y medios de comunicación, entre otros.
«El Estado nicaragüense ha utilizado diferentes mecanismos estatales para la represión, entre ellos, el fortalecimiento de su marco normativo restrictivo y punitivo, acompañado de procesos judiciales aplicados de manera discrecional y sin criterios definidos», continúa la denuncia.
Como consecuencia, indican, «el desarrollo pleno de una sociedad democrática se ve mermado».
Las organizaciones firmantes exhortan al Gobierno de Nicaragua a cesar inmediatamente «la persecución, criminalización y acoso contra las voces disidentes», al tiempo que instan al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a «continuar respaldando a las voces disidentes y a adoptar medidas para protegerlas».
Para ello, concluyen, «es fundamental la adopción de recomendaciones que permitan prevenir, proteger y perseguir las violaciones de la libertad de expresión».
Firman la carta: la SIP, AMARC-ALC, Artículo 19 oficina México y Centroamérica, Artist at Risk, el Comité para la protección de periodistas (CPJ), la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), IFEX-ALC, PCIN y el PEN International Pen Nicaragua. EFE
