El Centro Penitenciario del estado Aragua, mejor conocido como cárcel de Tocorón, se enfrenta a una alarmante situación de hacinamiento, superando ampliamente su capacidad.
Diseñada para alojar a 750 internos, en la actualidad presuntamente alberga a 1.012 reclusos, lo que representa un 135% de hacinamiento crítico.
La cárcel de Tocorón, controlada históricamente por bandas criminales internas, fue desalojada en septiembre de 2023, pero desde agosto de 2024 se encuentra operativa nuevamente para albergar a las personas detenidas arbitrariamente durante la represión poselectoral.
Recientemente, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que al menos 60 reclusos fueron trasladados en 10 autobuses, en horas de la noche del sábado 9 de noviembre, desde la cárcel de Yare III, en el estado Miranda, hasta Tocorón. Entre los familiares se rumora que en las próximas horas habrá más traslados, por lo que nos mantenemos atentos ante esta situación.
Derechos vulnerados
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) advirtió que la situación de los presos políticos en la cárcel de Tocorón refleja un desafío adicional dentro de una ya crítica situación penitenciaria en todo el territorio nacional.
A las condiciones de hacinamiento y las deficiencias en servicios básicos, como el acceso a atención médica y alimentación adecuada, se suma que los presos políticos en Venezuela enfrentan condiciones y restricciones más duras.
Además de la tortura y otros tratos crueles, el aislamiento y la incomunicación forzada son prácticas que los familiares de los presos políticos denuncian con frecuencia, lo que agrava su situación y limita sus posibilidades de una defensa adecuada y de contacto con el mundo exterior.
El acceso restringido para la práctica de deportes, el estudio y otras actividades educativas y recreativas priva a los presos políticos de herramientas esenciales para su desarrollo personal y la ocupación del tiempo libre en actividades positivas, lo cual es una herramienta básica para la erradicación del ocio y el consumo de drogas.
La imposibilidad de realizar actividades físicas afecta su salud mental y física, mientras que la ausencia de oportunidades educativas limita las opciones de reinserción social una vez cumplida la condena, aún cuando son inocentes porque fueron detenidos arbitrariamente.
Humberto Prado, director del OVP, recordó que las Reglas Mandela y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establecen un marco muy claro para asegurar que los derechos humanos de las personas privadas de libertad sean respetados.
Sin embargo, en Venezuela se violan flagrantemente algunos de ellos, tales como el derecho a la dignidad humana, el cual establece que todas las personas privadas de libertad deben ser tratadas con respeto a su dignidad humana. Otro principio, cuya vulneración preocupa en gran medida, es la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, pues en nuestro país son muchos los familiares que han denunciado que los presos políticos son sometidos a tortura, aislamiento prolongado y abuso psicológico como forma de represalia o para obtener confesiones.
Entre otros principios vulnerados destacan el derecho a la atención médica, a la alimentación y al agua potable, a la defensa y al debido proceso, entre otros.
El OVP expresó su profunda preocupación ante la crítica situación de los presos políticos en la cárcel de Tocorón, quienes son víctimas de condiciones de hacinamiento crítico, tratos crueles y la negación de derechos humanos fundamentales, por lo que exigieron su liberación inmediata y sin restricciones.
