El Gobierno colombiano y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, iniciaron formalmente este jueves en Doha (Catar) los diálogos de paz con un acuerdo que contempla una etapa inicial de «construcción de confianza» y un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios donde opera este grupo.
En una declaración conjunta, firmada en Doha por el jefe de la delegación del Gobierno en estos diálogos, Álvaro Jiménez, y el representante del Clan del Golfo Luis Armando Pérez, se definieron acciones piloto dentro de lo que llamaron el «proceso para la desmovilización y construcción de paz».
Estas acciones buscan «desarrollar la etapa de consolidación de confianza» e implementar un programa «de pedagogía para la sustitución total de los cultivos de uso ilícito, considerando la participación voluntaria, la asistencia técnica y medios de vida alternativos».
El plan se aplicará en los municipios de Mutatá, ubicado en el departamento de Antioquia (noroeste), y de Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, todos en el departamento del Chocó, fronterizo con Panamá.
En estas zonas tiene fuerte presencia el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El presidente Gustavo Petro, que desde su llegada al poder en agosto de 2022 impulsa su proyecto de ‘paz total’, adelantó el mes pasado que su Gobierno abrió conversaciones en el exterior con este grupo, tras varios acercamientos exploratorios que habían quedado congelados.
Otros compromisos
En la declaración firmada este jueves en Doha y difundida por la Consejería Comisionada de Paz, el grupo armado se compromete a respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, considerados «el primer piso para la construcción de paz».
También a garantizar el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a no interferir en el desarrollo de las elecciones que Colombia celebrará en 2026.
Por su parte, el Gobierno «toma nota» de que el Clan del Golfo «rechaza ser categorizado como grupo paramilitar o neo-paramilitar» y señala que, a través de la Cancillería, conviene solicitar al Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas «acompañar este proceso».
Finalmente, ambas partes piden al Gobierno de Catar, a la Misión de Apoyo del Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) y a la Conferencia Episcopal de Colombia «realizar el seguimiento, monitoreo y verificación de lo acordado». EFE
