El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este miércoles que ha sancionado y negado el ingreso a su territorio a 60 centroamericanos, entre ellos, magistrados de cortes, jueces, empresarios y políticos a quienes señala de haber participado en actos de corrupción y en acciones que socavan las instituciones democráticas.
«Estados Unidos está comprometido a asociarse con el pueblo de América Central para fortalecer la democracia, mejorar el estado de derecho y combatir la corrupción. Estamos avanzando en este esfuerzo hoy al publicar la lista de actores corruptos y antidemocráticos», expresó el secretario de Estado, Antony Blinken.
«Estos individuos, a través de su significativa corrupción, esfuerzos para obstruir las investigaciones sobre corrupción y socavar los procesos e instituciones democráticos, debilitan la capacidad de los gobiernos de la región para responder a las necesidades de sus ciudadanos, contribuyendo a la migración irregular y desestabilizando sociedades», explicó.
Los sancionados son ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
En el caso de Guatemala, la lista incluye a 16 personas, entre las que se destacan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Vitalina Orellana Orellana y Nery Oswaldo Medina, por presuntamente haberse coludido con políticos y particulares para amañar la elección de cortes. Nunca fueron investigados. La sanción a este país incluye también a José Rafael Curruchiche Cacul, actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI)
En el caso de El Salvador, la lista incluye a seis personas, entre ellos, al vocero presidencial José Ernesto Sanabria por socavar la democracia y usar su cargo indebidamente, así como la influencia del presidente salvadoreño Nayib Bukele para presionar a opositores a renunciar bajo amenazas de iniciarles cargos penales.
Entre los 15 hondureños sancionados se encuentran ex funcionarios de bancos, entre ellos, Elmer Jeovanny Ordoñez por malversar fondos destinados a combatir la pobreza rural. También el diputado Edgardo Antonio Casaña por estar comprometido en significante corrupción.
Los 23 sancionados en Nicaragua son varios jueces y fiscales que han investigado y condenado de forma expedita a opositores políticos al régimen de Daniel Ortega. Entre ellos destacan los jueces Ulisa Yahoska Tapia Silva, Nadia Tardencilla Camila Rodríguez, Felix Ernesto Salmeron Moreno y los fiscales Marling de Jesús Castro Rodríguez, María Francis Pérez Mojica, por investigar y sancionar a opositores políticos y críticos al régimen de Ortega, usando discreción procesal y presentando cargos falsos para encarcelar a opositores previo a las elecciones de aquel país.
