El mes de junio cerró con 12 casos y 21 violaciones a la libertad de expresión, en las que los victimarios más comunes fueron, nuevamente, funcionarios y cuerpos de seguridad del Estado, denunció Espacio Público.
La ONG documentó que la intimidación fue la violación a la libertad de expresión más común al haber un total de 10 registros (48 % de las 21 violaciones), seguida por la censura (4), el hostigamiento judicial (4) y el hostigamiento verbal (3).
En junio hubo 17 víctimas de violaciones a la libertad de expresión, con 8 particulares, 4 periodistas o reporteros, 3 medios de comunicación y 2 casos que afectaron a la ciudadanía en general. De los 14 victimarios en el mes estuvieron involucrados 5 cuerpos de seguridad, 4 funcionarios y 4 instituciones del Estado y un atacante informático.
Una de las víctimas reportadas por la organización fue el ciudadano Yohn Alejandro Noguera, que fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el 4 de junio en su residencia en Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui, luego de que cuestionara a ese cuerpo de seguridad y a la alcaldía del municipio por un operativo que realizaban. El joven de 27 años fue imputado por instigación al odio, delito contemplado en la ilegal normativa utilizada para perseguir expresiones críticas al poder.
El 8 de junio el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, hostigó al diario 2001 en su programa en el canal del Estado y lo acusó de “buscar desestabilización política” con sus notas y reportajes, luego de que se publicara en la versión impresa del medio una noticia sobre la falta de aplicación de terceras dosis anticovid en el país.
El 9 de junio al menos tres periodistas fueron intimidados por el presunto personal de seguridad del Hospital Central de San Cristóbal luego de atender denuncias de familiares de pacientes de ese recinto. Los miembros del hospital les reclamaron que no podían estar en las instalaciones, esto, a pesar de ser un espacio público y de interés para la ciudadanía conocer lo que allí sucede.
Dos días después, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron en Guanare, estado Portuguesa, a la abogada y activista política Maria Oropeza por grabar a efectivos vestidos de civiles que participaban en una presunta riña.
Las críticas a la gestión pública volvieron a ser amedrentadas y silenciadas a mediados de junio, cuando efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron al ciudadano Luis Colina en el estado Apure, por publicar un video en la red social TikTok en el que criticaba a funcionarios por revisar a una mujer que iba por la calle con un coche de bebé.
El 16 de junio el periodista de Armando.Info, Roberto Deniz, fue hostigado nuevamente por personas vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro, en este caso por el conductor oficialista de televisión Pedro Carvajalino, quien lo vinculó sin prueba alguna con presuntos actos de tortura contra Álex Saab.
«En junio se evidenció que la persecución es política estatal, el atropello a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general por disentir o cuestionar el accionar de funcionarios públicos continúa», denunció Espacio Público.
