Venezuela advirtió este miércoles a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de que “no reconoce su jurisdicción” para resolver la disputa con Guyana por el territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, y alertó de que “nada va a impedir” el referendo convocado para el 3 de diciembre.
Después de que Guyana pidiera ayer a la CIJ medidas provisionales para frenar el referendo sobre esta disputa, la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró hoy que esta “línea de acción es claramente la del colonialismo judicial”.
Rodríguez advirtió de que Venezuela “reafirma su rechazo categórico a la audaz acción de Guyana de interferir en sus asuntos internos: nada impedirá la celebración del referendo”.
Subrayó, al comienzo de la sesión, que la participación de Venezuela en estas audiencias convocadas por la CIJ “no implica, de ninguna manera, un reconocimiento de la jurisdicción” de esta Corte sobre la disputa territorial en sí misma, o sobre la petición de Guyana al tribunal para que indique medidas provisionales que impidan el referendo.
“Es inaceptable intentar derogar el orden constitucional venezolano impidiendo el referendo consultivo del 3 de diciembre. Venezuela no aceptará esto (…) En la ONU, Venezuela se ha opuesto a la competencia obligatoria y automática de la Corte en 12 ocasiones desde su creación, demostrando así coherencia al respecto”, aseguró Rodríguez.
Caracas reconoce como único instrumento legal para resolver esta controversia el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido (antes de la independencia guyanesa), y que establece bases para una solución negociada, pero esas negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados y Guyana busca una solución a través de la CIJ.
Rodríguez se refirió a ese acuerdo de 1966 y recordó que Caracas “no reconoce la vía judicial como un medio amistoso para alcanzar una solución práctica y mutuamente satisfactoria para las partes”.
Por ello, tildó como “una manipulación burda y pueril” los argumentos expuestos ayer por Guyana ante la CIJ, en las que advirtió que el referendo venezolano supone una “amenaza existencial” para el territorio guyanés.
“Acudimos a esta Corte para defender la independencia, soberanía y autodeterminación como derechos inalienables de nuestra nación. Estamos aquí porque Guyana ha decidido abandonar y transgredir el Acuerdo de Ginebra, pero ahora pretende desacatar el orden internacional y promover un cambio en el sistema político venezolano a través de una acción intervencionista y audaz que busca instrumentalizar la Corte contra Venezuela”, señaló Rodríguez.
La petición de medidas provisionales por parte de Guyana “no tiene precedentes, es inusual” y “crea un peligro para el resto de la comunidad internacional, en particular esos Estados que tiene fórmulas constitucionales de participación similares”, según Caracas, que defiende la celebración del referendo como un “asunto interno” de Venezuela.
“Los venezolanos tenemos derecho a consultarnos y escucharnos. Nadie puede negar ni dividir este derecho. Finalmente, el Estado de Venezuela no dará la espalda a lo que el pueblo decida durante el referendo”, alertó Rodríguez.
Venezuela reclama la región de Esequibo, alrededor del 70 % del territorio de Guyana, incluidas las reservas de petróleo en alta mar, argumentando que el laudo arbitral de 1899 es nulo y sin efecto debido a que «afectó fraudulentamente 159.500 kilómetros cuadrados del territorio» de la Guayana Esequiba, como la llama el Gobierno venezolano.
En 2018, Guyana, antigua colonia británica, interpuso una demanda contra Caracas en la CIJ para resolver la disputa territorial entre ambos Estados sobre la región del Esequibo, y el pasado abril, la CIJ se declaró competente para pronunciarse sobre el caso, lo que fue en un golpe a Caracas, puesto que había intentado que se declarara “inadmisible” este caso.
La acción del Gobierno de Nicolás Maduro al convocar un referendo ha disparado la tensión diplomática. Organismos como la Comunidad del Caribe (Caricom), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Commonwealth (mancomunidad de excolonias y protectorados británicos) rechazan esa consulta.
El agente de Guyana, Carl Greenidge, defendió ayer ante la CIJ que el referendo “está diseñado para obtener un mandato popular abrumador para que el gobierno (venezolano) rechace la competencia de la Corte, impida un fallo futuro de la Corte y, al hacerlo, socave la autoridad y la eficacia del principal órgano judicial de las Naciones Unidas”.
Además, alertó a la CIJ de que Venezuela busca “anexar e incorporar a su propio territorio toda la región del Esequibo de Guyana”, y “otorgar la nacionalidad venezolana a su población”.
Los dos días de audiencias sobre la indicación de medidas provisionales concluyeron este miércoles y se espera que el tribunal pueda pronunciarse en unas semanas.
EFE / Imane Rachidi
