Amnistía Internacional denunció que el Estado chileno incumple sus obligaciones internacionales y su legislación nacional y pone en peligro a las personas venezolanas que huyeron de su país y buscan protección.
En un nuevo informe, titulado “Nadie quiere vivir en clandestinidad”, la organización documentó la desprotección de las personas refugiadas venezolanas en Chile.
“Es lamentable que los principales países receptores de personas refugiadas venezolanas en el mundo estén incumpliendo su obligación de garantizar protección a quienes que huyen de Venezuela. Ya hemos documentado los enormes desafíos en Colombia, Perú y Ecuador; y ahora ponemos en evidencia que el gobierno chileno, lejos de romper esta tendencia y otorgarles protección internacional o regularización migratoria, ha venido estableciendo por años una infranqueable carrera de obstáculos para que no puedan establecerse en el país,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Según cifras oficiales, Chile alberga a unas 444.400 personas venezolanas — una cifra conservadora ya que data de diciembre de 2021. Esto lo sitúa detrás de Colombia, Perú y Ecuador, que han recibido a unas 2.500.000, 1.500.000 y 502.000 personas venezolanas respectivamente. En conjunto, estos cuatro países latinoamericanos albergan a casi el 70% del total de los 7.17 millones de personas que han huido de Venezuela debido a la emergencia humanitaria compleja, la crisis de derechos humanos, y la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.
Los testimonios de mujeres venezolanas viviendo en Chile ilustran las barreras que, por años, deben superar las personas que han logrado ingresar a territorio chileno y buscan conseguir protección internacional o regularizar su situación migratoria.
Estos obstáculos incluyen la imposición de visas de entrada con requisitos imposibles de alcanzar, rechazos en frontera, falta de información sobre el derecho a solicitar protección internacional, así como la implementación de prácticas ilegales que exigen que quienes solicitan la condición de refugiadas y refugiados deban presentarse ante las autoridades y se “autodenuncien” por entrada irregular en el país.
Estas medidas violan su derecho a solicitar protección internacional. También ponen a las personas en riesgo de expulsión, riesgo que se ve agravado por la imposibilidad de regularizar su situación en el país, y por el marco legislativo que permite y facilita las devoluciones y expulsiones inmediatas, en vulneración del debido proceso.
Para Amnistía Internacional la exigencia de autodenuncia por entrada irregular es sumamente alarmante. Esta medida no solo es un obstáculo a la protección internacional, sino que, en la práctica, penaliza y discrimina a las personas refugiadas por su forma de entrada en el país que vulnera la Convención sobre el Estatuto de Refugiados y su Protocolo, de los cuales Chile es signatario. Además, las pone en riesgo de expulsión a lugares donde su vida y sus derechos corren peligro, en vulneración del principio de no devolución.
“El Estado chileno fuerza a la mayoría de las personas venezolanas a ingresar por pasos fronterizos inseguros y no habilitados, pero a su vez las penaliza por entrar de manera irregular y obstaculiza que soliciten asilo. Sin opciones para acceder a vías de regularización ni poder ejercer sus derechos, las autoridades condenan a las personas venezolanas a una situación de absoluta desprotección. Las propuestas de reformas al marco normativo de movilidad humana deben estar orientadas a proteger los derechos de las personas en situaciones de extrema vulnerabilidad, incluidas mujeres, niñas y niños, en lugar de buscar facilitar su expulsión y profundizar
