Este 12 de febrero de 2024 se cumplen 10 años desde que el régimen de Nicolás Maduro puso en marcha su maquinaria represiva para perpetrar crímenes de lesa humanidad.
Una década atrás, miles de personas salieron a las calles para acompañar al movimiento estudiantil en una marcha con motivo de la celebración del Día de la Juventud, y en protesta por la inseguridad, la escasez de productos básicos y la crisis económica que comenzaba a golpear al país.
La movilización partió desde plaza Venezuela y transcurrió de manera pacífica hasta llegar a su destino en la avenida México, frente a la sede del Ministerio Público.
Aunque la mayoría de los manifestantes se retiraba de forma pacífica, el régimen decidió reprimir a algunos que permanecían en el lugar, con equipos antimotines de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), a los que se sumaron agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y colectivos chavistas que dispararon armas de fuego.
Esta tarde asesinaron al estudiante Bassil Da Costa (23 años) y al líder social Juan Montoya (51 años). Ambos recibieron disparos en la cabeza.
Tras la represión un grupo de manifestantes se trasladó al municipio Chacao, donde esa noche colectivos armados atacaron nuevamente y asesinaron de un disparo al joven Robert Redman (31 años), quien más temprano había auxiliado a Bassil cuando fue herido de muerte en el centro de Caracas.
Ola represiva
A partir de ese día las protestas se extendieron por todo el país y el régimen desató una maquinaria represiva para perseguir, encarcelar, torturar y asesinar a los opositores. En ella participaron funcionarios de policías nacionales, regionales y municipales, agentes de inteligencia y efectivos de organismos militares, como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Pero una pieza clave de esta maquinaria represiva también fueron los grupos de choque de civiles armados, como las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH). Un ejemplo fue en el estado Carabobo, donde el gobernador Francisco Ameliach públicamente ordenó a las UBCH » a prepararse para el cotra ataque fulminante» contra los manifestantes. Tres días después fue asesinada de un disparo la joven Génesis Carmona.
La represión durante los más de tres meses de protestas dejó 43 víctimas mortales. Además, ONG Foro Penal documentó que en ese periodo se registraron más de 3 mil detenciones arbitrarias, en su mayoría de jóvenes y activistas políticos, muchos de los cuales fueron víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
También se desató una persecución contra líderes opositores, que fueron encarcelados o forzados al exilio, como el coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, o los alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano.
Crímenes de lesa humanidad
A lo largo de estos últimos 10 años, el régimen de Maduro ha perfeccionado y puesto en marcha en varias oportunidades esta maquinaria represiva, especialmente durante las protestas antigubernamentales de 2017 y durante la crisis política de 2019, dejando más de 300 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones y más de 15.000 personas detenidas arbitrariamente.
La ONU, a través de su Misión Internacional de Determinación de Hechos, determinó que se trata de «una maquinaria diseñada y desplegada para ejecutar el plan del gobierno para reprimir la disidencia y cimentar su propio control del poder. Este plan fue orquestado al más alto nivel político encabezado por el presidente Nicolás Maduro y apoyado por otras altas autoridades».
Estas sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos llevaron a la Corte Penal Internacional (CPI) a abrir una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela al menos desde el 12 de febrero de 2014.
