Las organizaciones CIVICUS, REDLAD y Espacio Público denunciaron que el régimen de Nicolás Maduro no ha aplicado más del 80% de las recomendaciones en materia de derechos civiles realizadas por los países miembros de la ONU en el último Examen Periódico Universal realizado a Venezuela en 2016.
«En los últimos cinco años, Venezuela no ha abordado de forma decidida las restricciones injustificadas al espacio cívico, en particular las relacionadas con el derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión. De las 40 recomendaciones recibidas, Venezuela solo implementó parcialmente siete y no implementó 33″, destacaron.
Durante estos años, se ha intensificado la persecución judicial y las restricciones financieras contra la sociedad civil, contra defensores de los derechos y contra periodistas, unido a un discurso estigmatizador que pretende justificar los ataques contra el ejercicio legítimo de las libertades de asociación y expresión.
«Estamos profundamente preocupados por el cierre del espacio en el que operan las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que trabajan en temas humanitarios y de derechos humanos. También estamos alarmados por la persistente supresión sistemática de las protestas pacíficas«, expresaron las ONG.
Por ejemplo, la Ley contra el Odio para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia de 2017 se sirve de una redacción vaga sobre los delitos de «odio» para dar al gobierno un amplio poder para censurar la disidencia y restringir los medios de comunicación independientes, y se ha utilizado para criminalizar las protestas pacíficas y perseguir a quienes defienden los derechos humanos, a los activistas de la sociedad civil y a los periodistas.
Desde que se promulgó la ley, al menos 42 personas han sido procesadas en virtud de sus disposiciones, entre ellas defensores de los derechos humanos, periodistas, manifestantes, trabajadores sanitarios y personas que expresaron su descontento en las redes sociales.
La actuación de las organizaciones de la sociedad civil está restringida por un marco normativo represivo y un entorno hostil, que mantiene en vigor la Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional de 2010, que prohíbe a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos políticos recibir financiación extranjera.
A pesar de los compromisos con la libertad de expresión garantizados en la Constitución, se han generalizado las tácticas para reducir la prensa independiente, como el ahogo financiero, la cancelación de licencias de emisión, la confiscación de equipos y la censura.
“Los Estados deben aprovechar la oportunidad de revisar los derechos humanos en Venezuela para exigir al gobierno que rinda cuentas por las violaciones. Las autoridades no sólo no han cumplido con los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos, sino que han seguido utilizando el sistema judicial para silenciar a la disidencia», ha declarado David Kode, responsable de incidencia política y campañas de CIVICUS.
“Es momento de que Venezuela tome acciones para revertir este ambiente de violaciones. Las autoridades deben dejar de crear un marco jurídico que suprime la defensa de derechos humanos,” comentó Ángela Rodríguez, Asistente de Investigación en REDLAD.
