La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación frente a las declaraciones estigmatizantes, el cierre de medios de comunicación independientes y los procesamientos judiciales contra periodistas en Venezuela.
En un comunicado, la Relatoría hizo referencia a las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien a través de medios de comunicación estatales exhibió afiches de periodistas, señalándolos como «ladrones» y llamando a su búsqueda bajo esa calificación y a su criminalización.
La Relatoría rechazó este tipo de señalamientos estigmatizantes, advirtiendo que «acentúan la hostilidad contra la prensa».
«Para la Relatoría, la alta investidura de quien los ha pronunciado y su reiteración implican una omisión de las autoridades en su deber de prevenir hechos de violencia contra la prensa», subrayó.
La Relatoría también expresó preocupación por la ocupación realizada en 2021 por agentes de la Dirección Contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional de la sede del Colegio Nacional de Periodistas seccional Cumaná, Sucre, prohibiendo el acceso de autoridades y miembros de la asociación.
Sumado a lo anterior, entre octubre de 2021 y enero de 2022, la Relatoría registró la salida del aire de al menos cuatro emisoras de radio por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con la alegada justificación de incumplimiento de los requisitos administrativos para la transmisión radial o utilización del espacio radiofónico.
Del mismo modo, la Relatoría ha seguido con particular preocupación los reportes sobre las órdenes de allanamiento y aprehensión dictadas en contra del periodista Roberto Deniz, quien reside actualmente en Colombia y cuyos familiares son beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión desde febrero de 2020.
«La libertad de expresión cumple un rol central en sociedades democráticas, pues facilita y hace posible el control y la rendición de cuentas de los poderes públicos por parte de la ciudadanía», recordó la Relatoría.
