El régimen de Nicolás Maduro rechazó la imposición de una nueva ronda de sanciones de Estados Unidos contra la Administración de Nicaragua, que incluye dos empresa mineras, porque -dijo- busca quebrar la «férrea» voluntad antimperialista y patriótica del país centroamericano.
«Venezuela expresa su más profundo rechazo a las nuevas agresiones perpetradas por el Gobierno de Estados Unidos contra el pueblo y Gobierno de Nicaragua, al imponer (…) medidas coercitivas unilaterales contra dos empresas mineras que operan en territorio nicaragüense«, indicó la Cancillería en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X.
Asimismo, condenó que se sancione al Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia que opera en la ciudad de Managua.
El Gobierno venezolano consideró que EE.UU. y sus «aliados occidentales» buscan, por «todas las vías posibles», quebrar la «férrea voluntad antimperialista y patriótica del Gobierno de Nicaragua, que defiende el sagrado derecho de su pueblo por avanzar en paz y estabilidad en la noble construcción de un presente mejor, más justo y humanitario».
Exhortó a la comunidad internacional a condenar estas acciones «retrógradas e injerencistas» que pretenden, a su juicio, lesionar el «inalienable y sagrado derecho a la libre actividad económica y la autodeterminación de los pueblos».
El miércoles, Estados Unidos lanzó una ronda de sanciones contra el Gobierno de Nicaragua que afectan a decenas de funcionarios y a empresas, por atacar los derechos humanos y ser «cómplices en la explotación de migrantes».
Altos funcionarios de la Casa Blanca informaron, en una llamada con prensa, que el Departamento de Estado ha impuesto restricciones de visa a más de 250 personas, entre ellas decenas de miembros del Gobierno de Nicaragua y a sus familiares, por apoyar «el ataque a los derechos humanos del régimen de (Daniel) Ortega y (Rosario) Murillo».
Entre los sancionados por el Departamento de Estado están policías y personal paramilitar, funcionarios penitenciarios, fiscales, jueces y funcionarios de educación superior pública.
También, se sanciona a la Compañía Minera Internacional, Sociedad Anónima (COMINTSA) y a Capital Mining Investment Nicaragua, dos empresas mineras que comercian con oro y que, como «afiliadas al Gobierno», «generan ingresos para el régimen Ortega-Murillo».
