El comisionado para DDHH, Humberto Prado aseguró que en Venezuela se continúan realizando actos de ejecución extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, delitos sexuales, torturas y tratos crueles e inhumanos de manera sistemática, pese a las recomendaciones emitidas por la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet y del Memorándum de Entendimiento emitido por su oficina y firmado por el régimen en septiembre 2019.
El pasado 11 de marzo la Alta Comisionada para los DDHH publicó una actualización de su informe sobre Venezuela, en el que asegura que en el país se mantienen las ejecuciones extrajudiciales, el deterioro en el acceso a los servicios básicos y los bajos salarios (por debajo de tres dólares al mes) que ha forzado a muchos de sus habitantes a migrar. También expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos en el país, en el contexto de la escalada de enfrentamientos entre los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y grupos armados no estatales en el estado Apure.
En este sentido, la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas considera que, independientemente de las recomendaciones, ninguna ha sido cumplida. En materia judicial, señala que los jueces y los fiscales carecen de independencia y son actores políticos designados para ejecutar las órdenes del gobierno de facto. La Fiscalía y los jueces, incluido el TSJ, son utilizados como mecanismo de persecución a la sociedad y mecanismo de impunidad frente al delito; especialmente las violaciones a los derechos humanos.
Las arbitrarias y erradas políticas económicas han destruido la producción nacional y el empleo, creando una hiperinflación que afecta a toda la población golpeando especialmente a los sectores más pobres en su acceso a la comida.
Igualmente, no son actos para garantizar los servicios públicos esenciales como la salud, las medicinas, el agua potable o la electricidad. Ello coloca a la población en general y a los más pobres en una situación de extrema vulnerabilidad que afecta no sólo su salud sino su integridad personal y hasta su vida. Esto ha creado una crisis humanitaria de dimensiones explosivas que ha forzado a más de 4 millones de venezolanos a migrar fuera del país, convirtiéndolos a su vez en víctimas como población vulnerable.
Ante la pandemia causada por el Covid-19 el régimen ha utilizado políticamente el contexto de la enfermedad para redoblar esfuerzos para restringir las voces independientes en el país y el derecho a defender derechos humanos.
Venezuela es el país de Suramérica que ha administrado menos dosis de vacunas contra Covid-19 en relación con su población: dos meses después de iniciada la vacunación en el territorio tiene una proporción de 0,8 dosis por cada 100 habitantes, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La ONG Médicos Unidos de Venezuela alertó este miércoles 5 de mayo sobre la muerte de 15 trabajadores del sector de la salud por Covid-19, lo que eleva la cifra total de fallecidos a 537 desde el comienzo de la pandemia. Además, la cifra de fallecidos en el país (según cifras de régimen de facto) sobrepasan las dos mil muertes frente al colapso del sistema hospitalario nacional.
En materia de seguridad, Monitor de Víctimas contabiliza al menos 140 personas asesinadas durante el primer trimestre del 2021. El Observatorio del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), registró 60 feminicidios donde el 45% de los casos tenían entre 22 y 36 años.
Prado asegura que, mientras más se consolida el autoritarismo en Venezuela, los ataques por parte del gobierno de facto contra los defensores de derechos humanos se vuelven cada vez más comunes. “Existen patrones claros de violencia y ataques contra las personas defensoras, que no son casos aislados, sino que confirmar la existencia de una política de persecución a las organizaciones no gubernamentales.
El Servicio Internacional de Derechos Humanos (ISHR), publicó un informe que Venezuela ocupa el segundo puesto en la lista de países con silla en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH), que son represivos con defensores y defensoras que colaboraron con el organismo.
La ONG COFAVIC ha constado un aumento de los ataques a personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil en un 157% con respecto a las cifras de 2019. Las detenciones arbitrarias, los actos de agresión, intimidación, difamación, estigmatización y hostigamientos, son los tipos de ataque más comunes.
Por su parte, la ONG Espacio Público registra en solo un año 24 medios de comunicación y 8 emisoras fueron cerradas por intervención del Estado de Facto. Están también incluye un aumento de los ataques contra periodistas y medios de comunicación social como, por ejemplo, Efecto Cocuyo, VPI TV, Panorama, Tal Cual, El Pitazo, radio Fe y Alegría y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció en un informe presentado en el mes de abril que “tan sólo en el mes de enero, se ejecutaron al menos tres operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación. En distintos grados, se incautó equipamiento, se cerraron oficinas, se intimidó al personal y se suspendieron emisiones”.
La Alta Comisionada denunció en su último informe que, “en Venezuela desde septiembre del 2020, hay una reducción del espacio cívico, donde hubo al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios”.
