El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de Oliver Rojas, quien presuntamente recibió una brutal golpiza en el Centro de Coordinación Policial Guaiparo, en el estado Bolívar, por no poder pagar la denominada «causa», un cobro ilegal semanal de entre 60 y 70 dólares impuesto a los reclusos.
A través de sus redes sociales, la organización señaló que el fallecimiento de Rojas no constituye un hecho aislado, sino que evidencia la violencia y las graves violaciones de derechos humanos que enfrentan las personas privadas de libertad en ese recinto policial.
Según el OVP, en Guaiparo operan estructuras delictivas conocidas como «pranes», que ejercen el control interno, imponen sus propias reglas y someten a los detenidos a un régimen de extorsión y violencia, presuntamente con la omisión de los funcionarios responsables de la custodia.
La organización advirtió que quienes no pueden cumplir con estos pagos semanales quedan expuestos a castigos físicos y otras formas de violencia, lo que convierte la permanencia en el centro de detención en un riesgo para la vida de los internos.
Hacinamiento y otras muertes en Guaiparo
El OVP también alertó sobre las condiciones de hacinamiento crítico en el Centro de Coordinación Policial Guaiparo, donde, según sus registros, permanecen alrededor de 850 detenidos en un espacio diseñado para albergar a apenas 100 personas.
La organización recordó otros fallecimientos ocurridos en ese recinto durante las últimas semanas, entre ellos el asesinato de Júnior Rafael Velásquez Herrera, de 23 años, y la muerte de Ildelfonzo Gil, a quien presuntamente le negaron de manera sistemática una medida humanitaria.
A juicio del observatorio, estos casos evidencian un patrón de desprotección estatal y la falta de garantías para la población privada de libertad.
Ante estos hechos, el OVP exigió a las autoridades del régimen una investigación penal inmediata, imparcial y exhaustiva que permita identificar y sancionar tanto a los responsables materiales de la muerte de Oliver Rojas como a los integrantes de la cadena de mando que pudieran tener responsabilidad en el funcionamiento de las estructuras de extorsión y las vulneraciones de derechos humanos dentro del recinto.
La organización también cuestionó el silencio de las autoridades policiales y la presunta ausencia de requisas después del crimen, situaciones que, a su juicio, favorecen la impunidad.
🚨 #OVPDenuncia Oliver Rojas murió tras recibir una presunta golpiza brutal por no poder pagar la “causa” semanal de entre 60 y 70 dólares en el Centro de Coordinación Policial Guaiparo, estado #Bolívar.
La muerte de Oliver no es un hecho aislado, sino una muestra de la violencia y las graves violaciones de derechos humanos que enfrentan las personas privadas de libertad en Guaiparo, un centro de detención bajo custodia del Estado donde estructuras delictivas conocidas como “pranes” ejercen el control, imponen sus propias reglas y someten a los detenidos a un régimen de extorsión y violencia.
Desde @oveprisiones nos resulta inaceptable que en centros de detención preventiva persistan figuras tan violentas y criminales como los «pranes” , quienes imponen este cobro ilegal semanal a los reclusos bajo la omisión de los funcionarios a cargo.
Esta situación convierte el encarcelamiento en una trampa mortal, donde la vida humana se subordina al pago de extorsiones y el castigo físico es la respuesta inmediata ante la insolvencia.
La tragedia de Oliver se agrava en un contexto de hacinamiento crítico, donde este recinto alberga a unos 850 detenidos en un espacio diseñado apenas para 100 personas, representando una sobrepoblación que supera el 566%.
El hacinamiento, sumada a la repetición de muertes en cuestión de semanas como fue el crimen de Júnior Rafael Velasquez Herrera (23) y la muerte de Ildelfonzo Gil a quien le negaron de forma sistemática una medida humanitaria, evidencia una política de desprotección estatal.
Ante el silencio cómplice de las autoridades del centro policial, la ausencia de requisas tras el crimen y la flagrante impunidad que rodea estos hechos, exigimos al Estado venezolano, a través de los órganos competentes, una investigación penal inmediata, imparcial y exhaustiva que identifique y sancione no solo a los autores materiales directos de este asesinato, sino también a la cadena de mando por su responsabilidad en la operación de mafias internas y la vulneración sistemática de los derechos de la población privada de libertad.
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) November 5, 2026
