El Ministerio Público (MP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sostuvieron una reunión para evaluar posibles mecanismos de cooperación destinados a fortalecer la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Venezuela.
El encuentro se realizó en la sede del Ministerio Público y estuvo encabezado por el fiscal general, Larry Devoe, junto con el representante de Unicef en Venezuela, Manuel Rodríguez Pumarol, y miembros de su equipo de trabajo.
De acuerdo con la información difundida por el MP en sus redes sociales, uno de los principales objetivos de la reunión fue «fortalecer el sistema de justicia penal y la protección de los derechos» de niños, niñas y adolescentes.
Entre las áreas de cooperación planteadas se encuentran la capacitación continua del personal, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y el perfeccionamiento de los procesos de investigación penal de delitos que afectan a la infancia y la adolescencia.
Asimismo, las partes abordaron la necesidad de mejorar los sistemas de recolección de datos y optimizar el funcionamiento del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes.
Durante la reunión también revisaron los aportes que Unicef puede ofrecer para incorporar las recomendaciones de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, que se desarrolla actualmente en el país, en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Como parte de las iniciativas conjuntas, ambos organismos prevén realizar una actividad especial durante noviembre para conmemorar el aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Día Internacional del Niño.
UCAB, TSJ y Unicef impulsan formación para jueces
En una iniciativa relacionada con el fortalecimiento del sistema de justicia para adolescentes, la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Unicef participaron en un programa de formación dirigido a jueces del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Según informó la UCAB, un total de 30 jueces del Área Metropolitana de Caracas iniciaron dos cursos de 60 horas académicas, orientados a mejorar la administración de justicia en materia de protección de la infancia y responsabilidad penal adolescente.
Por otra parte, recientemente el TSJ eliminó la competencia especial de dos tribunales con sede en Caracas que atendían casos del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes provenientes de distintas regiones del país.
Con esta modificación, las causas pasarán a ser procesadas por los tribunales de control de cada circuito judicial. Según el máximo tribunal, la medida busca garantizar que los adolescentes sean juzgados por sus jueces naturales y que los procedimientos se desarrollen en instancias más cercanas a sus lugares de residencia.
El TSJ también señaló que este cambio facilitaría la participación de las familias en los procesos judiciales.
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