La ONG Justicia, Encuentro y Perdón exigió este martes información y fe de vida de cada uno de los presos políticos que fueron trasladados desde Caracas a otras cárceles del país sin notificarle previamente a sus familiares y abogados de confianza.
«En seguimiento a la denuncia realizada ayer, queremos informar que hemos recibido nuevos reportes de familiares y personas cercanas a detenidos por motivos políticos sobre un nuevo episodio de traslados arbitrarios ejecutados durante las últimas horas. Testimonios coinciden en que las personas recluidas en las sedes de la PNB de La Yaguara, San Agustín y Zona 7 habrían sido sacadas de estos centros de manera simultánea. A la fecha, no existe información oficial que explique por qué se realizaron estos traslados, a dónde fueron llevadas estas personas ni bajo qué autoridad o procedimiento se tomaron estas medidas», señala el comunicado publicado por la organización en las redes sociales.
Agrega que «el silencio oficial no solo impide conocer el número exacto de personas afectadas, sino que aumenta la angustia de sus familias y eleva los riesgos de vulneraciones más graves, especialmente cuando los traslados se realizan sin orden judicial, sin motivos claros y sin permitir seguimiento o verificación independiente. Recordamos que el Estado tiene la responsabilidad absoluta de informar de inmediato cualquier cambio en la ubicación o condición de una persona detenida, y que la opacidad deliberada puede derivar en tratos crueles, desapariciones forzadas breves y otras graves violaciones de derechos humanos».
A continuación el comunicado completo:
#ATENCIÓN En seguimiento a la denuncia realizada ayer, queremos informar que hemos recibido nuevos reportes de familiares y personas cercanas a detenidos por motivos políticos sobre un nuevo episodio de traslados arbitrarios ejecutados durante las últimas horas. Testimonios coinciden en que las personas recluidas en las sedes de la PNB de La Yaguara, San Agustín y Zona 7 habrían sido sacadas de estos centros de manera simultánea. A la fecha, no existe información oficial que explique por qué se realizaron estos traslados, a dónde fueron llevadas estas personas ni bajo qué autoridad o procedimiento se tomaron estas medidas.
La información sigue siendo parcial y fragmentada porque las autoridades continúan negándose a comunicar de manera oportuna y transparente cualquier variación en la situación de las personas detenidas. Esta desinformación sostenida, acompañada de la ausencia total de notificaciones a familiares y abogados, constituye una violación directa de las obligaciones del Estado frente a la vida, integridad y garantías legales de quienes se encuentran bajo su custodia.
El silencio oficial no solo impide conocer el número exacto de personas afectadas, sino que aumenta la angustia de sus familias y eleva los riesgos de vulneraciones más graves, especialmente cuando los traslados se realizan sin orden judicial, sin motivos claros y sin permitir seguimiento o verificación independiente. Recordamos que el Estado tiene la responsabilidad absoluta de informar de inmediato cualquier cambio en la ubicación o condición de una persona detenida, y que la opacidad deliberada puede derivar en tratos crueles, desapariciones forzadas breves y otras graves violaciones de derechos humanos.
Por todo ello, reiteramos nuestros exhortos a que se informe de inmediato el paradero y las condiciones de cada persona trasladada, se garantice su integridad física y psicológica, se permita el acceso de abogados de confianza y se notifique formalmente a las familias sobre cualquier decisión que afecte a sus seres queridos.
Mientras persista esta situación, nos mantendremos vigilantes, documentando cada caso y acompañando a las familias en su búsqueda de verdad, justicia y protección para quienes hoy se encuentran en manos del Estado.
