Activistas de la ONG Alianza por la Libertad de los Presos Políticos exigieron este martes al ministro para el Servicio Penitenciario de Venezuela, Julio García Zerpa, que atienda lo que consideraron como irregularidades en las cárceles del país, donde la alimentación y la atención de salud es deficiente, según denunciaron.
«Exigimos que el señor ministro Julio García Zerpa hable con los familiares para que entienda todas las irregularidades, las torturas, el maltrato, la mala alimentación, la mala atención médica y tiene que darnos una respuesta», manifestó Yessica Castro, activista de la organización.
Castro declaró desde las afueras del Ministerio para el Servicio Penitenciario, en Caracas, donde indicó que el titular de este despacho debería «ir a cada centro de reclusión» y asegurar que estén «en buen estado».
«No son capaces ni siquiera de hacerles (a los presos) un examen (médico) y llamar a sus familiares para que estén al tanto. Seguimos teniendo muertos bajo el régimen. Seguimos teniendo personas que están graves de salud», subrayó Castro.
El pasado 20 de agosto, Amnistía Internacional y familiares de presos políticos reclamaron una «atención médica oportuna» en las cárceles venezolanas, donde, según aseguraron los allegados de los detenidos, las condiciones pueden afectar o agravar la salud de los reclusos, hay demoras en las evaluaciones y falta de exámenes o imposibilidad de acceder a especialistas para afecciones específicas.
En una transmisión en YouTube, organizada por Amnistía Internacional, la activista Andreína Baduel subrayó entonces que las condiciones de reclusión en Venezuela «no se ajustan a los estándares internacionales, por lo cual el que no entra enfermo se va enfermando en la cárcel porque no recibe atención médica especializada y oportuna».
Este martes, la ONG Foro Penal indicó que en Venezuela hay 328 presos políticos, de los cuales 317 son hombres y 11 son mujeres, según un boletín con fecha de corte hasta el pasado 31 de agosto.
El régimen de Delcy Rodríguez niega que en Venezuela haya presos políticos y asegura que son personas que cometieron delitos, una afirmación que rechazan partidos y organizaciones de derechos humanos. EFE
