En el marco del 186 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las organizaciones de la sociedad civil Defiende Venezuela, el Instituto Casla, el Foro Penal y Fundaredes denunciaron la situación de las personas privadas de libertad.
En la audiencia, las ONG también denunciaron el riesgo que corren las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos ante la creciente persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Génesis Dávila, presidenta de Defiende Venezuela, señaló que todos los defensores que estaban en la audiencia corrían grave peligro y celebró que la CIDH emitiera un comunicado condenando el proyecto de ley para fiscalizar y criminalizar a las ONG del país.
Dávila destacó que “Tamara Sujú no puede regresar a Venezuela, el Foro Penal tiene medidas de protección de la CIDH, a Caiguaripano prácticamente le mutilaron los testículos, el Director de Fundaredes está preso y Defiende Venezuela recibió una visita del Sebin”.
Asimismo Carlos Briceño, director de Defiende Venezuela, dijo que «el contexto que se desprende de los casos expuestos es elocuente en cuanto a un sistema de justicia que es excesivamente tolerante ante las violaciones de derechos humanos, especialmente a los privados de libertad”.
En la audiencia se destacaron varios casos como el de Juan José Gámez, José Ernesto Lasorsa, C.A.Z.S., y el director de Fundaredes, Javier Tarazona, con más de 600 días detenido, entre otros.
Todos los casos tuvieron en común el no cumplimiento del Estado venezolano con las medidas cautelares aprobadas por la CIDH y la falta de atención médica de los privados de libertad.
