La Asosciación Civil Acceso a la Justicia advirtió en su informe anual de 2021 que las reformas judiciales son «recetas repetidas que no resolverán el problema» del Poder Judicial en Venezuela.
En su informe titulado «La CPI decreta el fin de la simulación
de justicia en Venezuela» la ONG alertó sobre los constantes cambios y revoluciones judiciales en Venezuela revelan «que no hay una política de Estado» en materia del Poder Judicial, debido a que esta «aplicación de recetas repetidas e inútiles permiten vislumbrar que los problemas seguirán».
Debido a que verdadero obstáculo no es contar con jueces imparciales ni independientes, sino con funcionarios que se limitan a cumplir órdenes.
Acceso a la Justicia, recordó que durante el 2021 el fiscal nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció «la reestructuración y transformación positiva y progresiva» del Ministerio Público (MP) en el 2021. Plan casi idéntico llevado a cabo en el 2005 por el Tribunal Supremo de Justicia bajo la gestión del fallecido magistrado Omar Mora Díaz, similar también al de la exfiscal Luisa Ortega Díaz, puso en marcha en 2012 .
La ONG enfatizó que el plan de Saab parece ser una «simulación de independencia» que busca acallar la critica contra un sistema judicial sumiso, y ante esto «solo la manera como se ejecute el plan y los resultados que arroje podrán dar claridad sobre si ciertamente se quiere combatir la principal debilidad del MP: su ausencia de independencia.»
La Justicia del Ministerio Público
Durante el 2021 el ministerio dirigido por Tarek William Saab dio un giro de ciento ochenta grados a su política, al ir tras casos de violaciones de derechos humanos que resonaron en la opinión pública para demostrar el enjuiciamiento de presuntos responsables materiales de violaciones y evitar así que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abríera una investigación formal sobre el caso Venezuela I. «Se trató de una estratategia global del oficialismo por una imagen de colaboración con la CPI.»
En está política del régimen se nombró una embajadora ante la CPI, Gladys Gutiérrez, se decretó una reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), incluida Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), revelaron que durante tres años y ocho meses el MP acusaron a 1.064 funcionarios y 136 civiles por violaciones de derechos hunabis, 540 funcionarios y 30 partículares fueron arrestados y aplicaron 133 sentencias.
Sin embargo el informe subrayó, que estás «cifras son irrisorias al compararse con los casos de violaciones de derechos humanos que ocurren en el país,» puesto que el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que solo en 2020 hubo 2.853 ejecuciones extrajudiciales.
