Amnistía Internacional publicó nuevos hallazgos sobre el caso de Rafael Acosta Arévalo, que ponen en duda la versión oficial de los hechos y demuestran la mortífera política de represión de Nicolás Maduro para silenciar a la disidencia, a través de un nuevo informe: Morir ante un juez: detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y muerte de Rafael Acosta Arévalo.
Rafael Acosta Arévalo era un capitán retirado de la Marina venezolana que desapareció en la localidad de Guatire en el estado de Miranda el 21 de junio de 2019. Amnistía Internacional obtuvo 550 páginas del expediente penal contra dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) acusados de participar en su muerte.
“Contrario a lo que muestra la investigación penal por parte de la justicia venezolana, Rafael Acosta Arévalo no falleció en un hospital. Fue desparecido, torturado y murió ante un juez. Sobre estos hechos no se ha hecho justicia”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La información pública disponible indica que Rafael Acosta Arévalo fue víctima de desaparición forzada desde el 21 de junio, hasta el 26 de junio, fecha en que las autoridades venezolanas anunciaron su detención. Según un oficio del expediente, los funcionarios de la DGCIM le habrían llevado a un hospital el 28 de junio, pero horas después fue presentado, mientras agonizaba, ante un tribunal militar para imputarle cargos a pesar de su condición de retiro de las Fuerzas Armadas.
Amnistía Internacional encontró que Rafael Acosta Arévalo falleció el 28 de junio de 2019 en la sala donde se llevaría a cabo la audiencia de presentación, sin recibir atención médica en los momentos previos a su muerte. Esta evidencia contradice la versión oficial de las autoridades venezolanas, quienes difundieron que la víctima había muerto en el Hospital Militar Vicente Salias después de haber recibido atención médica.
Otros hallazgos de la investigación apuntan a que los imputados -y posteriormente condenados- por el caso de Rafael Acosta Arévalo sostuvieron versiones contradictorias de los hechos. Las actas de investigación no vinculan la actuación de los condenados a la muerte de la víctima y, además, se les imputa un cargo que insinúa que la muerte de Acosta Arévalo fue causada accidentalmente, haciendo a un lado que la misma fue consecuencia de múltiples y serias lesiones que comprometieron sus pulmones al punto de provocar un edema cerebral severo.
“En las 550 páginas del expediente a las que Amnistía Internacional tuvo acceso no se menciona la palabra tortura ni una sola vez, a pesar de que constan múltiples documentos que refieren a las más de 50 lesiones corporales de la víctima y a su precario estado de salud al llegar ante el tribunal militar que le imputaría cargos, siete días después de que su familia denunciara su desaparición y dos días después que las autoridades admitieran que había sido detenido”, dijo Erika Guevara Rosas.
