El coordinador de exigibilidad de PROVEA, Marino Alvarado, respondió a la demanda por supuesta «difamación» interpuesta por el gobernador chavista de Carabobo, Rafael Lacava, en su contra y en contra del padre Alfredo Infante, del Centro Gumilla, por denunciar las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía regional de ese estado
«Supuestamente lo hemos difamado porque hemos exigido que se investigue la presunta responsabilidad que pueda tener el gobernador con las ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el estado Carabobo. La policía estadal de Carabobo es la más letal en el 2021 de acuerdo a la investigación realizada por Lupa por la Vida. Lo que hemos hecho como activistas de derechos humanos es lo que nos corresponde. Hay una grave violación a los derechos humanos, y debe investigarse a los autores materiales y las cadenas de mando«, reaccionó Alvarado en un video divulgado a través de las redes sociales.
El activista afirmó que esta nueva amenaza «es la consecuencia de ser exigentes en materias de derechos humanos».
«Es el riesgo que corremos los defensores y las defensoras de derechos humanos por exigir que se investiguen las cadenas de mando en Venezuela, porque pareciera que hay una política de Estado de no investigar a quienes pudieran tener la mayor responsabilidad«, manifestó.
Alvarado precisó que no están acusando al gobernador Lacava de ser responsable de esas ejecuciones extrajudiciales, sino que están diciendo que debe investigarse su presunta responsabilidad.
«Ese es el papel del Ministerio Público, y exhortamos a la Defensoría del Pueblo a que colabore con el Ministerio Público para que se investigue no solo las presuntas ejecuciones realizadas en Carabobo, sino en todo el país. 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en el 2021 y 3.034 en el 2020. No a la impunidad», reclamó.
Finalmente, expresó que seguirán «como defensores de derechos humanos, venciendo todos los obstáculos, incluyendo este».
