Nicolás Maduro nuevamente utilizó los medios públicos del Estado para atacar a sus adversarios políticos, en esta oportunidad al exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, al expresidente interino, Juan Guaidó, y a los dirigentes de Primero Justicia (PJ) Juan Pablo y Tomás Guanipa.
En su programa semanal, Con Maduro +, el mandatario arremetió contra los políticos opositores con insultos y acusaciones de estar vinculados a supuestas conspiraciones, de las que no mostró pruebas.
«Casualidades de la vida, que el prófugo de la justicia, el vampiro de Madrid, Antonio Ledezma, declara lo que declaró, diciendo que tenían militares, que iban a actuar, que ya estaban coordinados con ellos. Se le fue el yoyo», aseguró Maduro, en referencia a las supuestas conspiraciones descubiertas en los últmos meses.
Durante su emisión televisiva Maduro también atacó a los hermanos Guanipa, a los que calificó de «imbéciles de la ultraderecha».
«Me acuerdo el imbécil de Tomás Guanipa, salió a defender a Miami. ¿Se acuerdan? Uno de los Guanipas, no sé si es más imbécil o el menos imbécil. A ver, creo que Juan Pablo es más imbécil. Defender a Miami, ‘Maduro, no te metas con Miami’, imbéciles. Ellos se creen gringos, porque son vendepatria, y se le entregan a los gringos, ellos se creen gringo», dijo.
Sobre Guaidó, Maduro también profirió insultos al recordar que el 23 de enero de 2019 se juramentó como presidente interino de Venezuela. «Se cumplen 5 años de la presidencia de Guaidó, mañana vamos a la calle a celebrar la presidencia de Guaidó… imbécil, ridículo. Yo solamente le pregunto a la extrema derecha y al imperialismo, ¿dónde está esa oposición? ¿está fuerte, victoriosa? ¿dónde está la revolución y el pueblo? ¿dónde está Guaidó? 5 años después, ¿dónde está Maduro? Saquen su propia conclusión», ironizó.
El artículo 13 de la Ley Contra la Corrupción establece que “los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad política o económica alguna. En consecuencia, no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos, o a intereses económicos particulares”.
La Ley contra la corrupción también contempla en su artículo 70 que “el funcionario público que, abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecerse electoralmente o para favorecer o perjudicar a un candidato, grupo, organización, partido o movimiento político, será sancionado con prisión de uno (1) a tres (3) años“.
