La defensora de derechos humanos Ligia Bolívar, representante de la coalición Alerta Venezuela, afirmó que la situación política venezolana no corresponde a un proceso de transición a la democracia, sino a «un reacomodo de fuerzas» del régimen chavista.
Durante un foro, realizado en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, en el marco del 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Bolívar advirtió sobre la situación de Venezuela luego de más de ocho meses de la captura y extracción del dictador Nicolás Maduro.
«En el análisis que publicamos en Alerta Venezuela el mismo 3 de enero, calificamos la situación del país como una transición tutelada. El paso de los meses nos permite afirmar que Venezuela no se encuentra en un proceso de transición a la democracia, sino en un reacomodo de fuerzas. Quienes detentan el poder ya formaban parte de las estructuras políticas, económicas y represivas que hoy permanecen», afirmó Bolívar.
Excarcelaciones sin justicia
La defensora reconoció que han sido excarceladas un número importante de personas, «y eso es bueno para ellos y para sus familias», pero advirtió que no se trata de libertades plenas, ya que sus casos siguen abiertos y no se ha investigado a los responsables de las detenciones arbitrarias y torturas.
Citó el caso de Emirlendris Benítez, quien, según recordó, fue torturada estando embarazada, perdió a su bebé y quedó en silla de ruedas. «Nadie, después de que fue excarcelada, ha ordenado que se investigue cómo una persona, una mujer, entró a la cárcel embarazada y salió sin su bebé y sin poder caminar», denunció.
Censura y agenda electoral postergada
Bolívar reportó que, entre enero y julio de 2026, Espacio Público registró 161 violaciones a la libertad de expresión, lo que confirma la persistencia de censura administrativa, bloqueos y restricciones en internet, y hostigamiento contra quienes informan u opinan sobre asuntos públicos.
Denunció además una «tímida apertura» del debate público con interlocutores muy seleccionados, que busca aparentar cambios que en la práctica no existen, mientras se ha desplazado la agenda electoral bajo el argumento de que primero hay que estabilizar el país.
Una ley de amnistía derogada sin competencia
La defensora denunció un caso grave de ausencia de institucionalidad con la Ley de Amnistía, que tuvo una vida de apenas dos meses y cuatro días, hasta el 23 de abril de 2026, cuando Delcy Rodríguez decidió su desaplicación pese a no tener competencia para hacerlo, y transfirió las solicitudes al llamado Programa de Convivencia Democrática y Paz.
Según Bolívar, ese programa «es una figura de hecho», sin decreto, resolución ni acto de gobierno que le haya dado origen, y que tenía un plazo de funcionamiento de 100 días, vencido el 3 de mayo, pero que Rodríguez prolongó de manera indefinida sin respaldo legal alguno. «Una autoridad no competente derogó una ley y derivó su aplicación a un ente que no existe formalmente. En manos de este órgano informal y absolutamente discrecional está la libertad de miles de venezolanos», advirtió, y precisó que al menos cuatro integrantes de ese programa son ahora ministros, otro es embajador, y otro ocupa un cargo de reestructuración del gobierno.
Limitaciones a la Oficina del Alto Comisionado
Bolívar relató que, ante las críticas por inconsistencias en las cifras de excarcelaciones, Rodríguez solicitó apoyo a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para verificar la cantidad de personas excarceladas, y varios funcionarios se trasladaron desde Panamá a Caracas en febrero.
Sin embargo, precisó que nunca les entregaron la lista de excarcelaciones ni les permitieron acceso a las cárceles.
Aunque algunos funcionarios de la Oficina permanecen en Caracas, actúan con muchas limitaciones, mediante una extensión confidencial de una carta de entendimiento que venció recientemente, en agosto.
«Medidas cosméticas»
Bolívar concluyó que, ante la falta de cambios verificables y la ausencia de un genuino proceso de transición democrática, resulta «absolutamente indispensable» mantener la misión de determinación de hechos, por su papel único en la documentación de graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, «porque siguen ocurriendo en el presente y porque no se han investigado las pasadas».
