La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la organización no gubernamental Provea cuestionaron este miércoles la «falta de transparencia» en el memorando de entendimiento suscrito entre el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, el régimen de Nicolás Maduro.
En un comunicado, las organizaciones criticaron que «hasta la fecha, tanto el memorando de entendimiento que establece las bases de la cooperación técnica al Estado venezolano, como el plan de trabajo conjunto son confidenciales».
«La FIDH y Provea lamentan la falta de publicidad de estos documentos y hacen un llamado para que no se instale una nociva lógica de confidencialidad en la cooperación y asistencia técnica destinada a construir e implementar políticas públicas dirigidas a fortalecer la administración de justicia en el territorio nacional, que deben ser discutidas de cara al país», señalaron.
Recordaron que el Estatuto de Roma de la CPI se basa en el principio de complementariedad según el cual corresponde a los Estados parte, investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad y si estos no lo hacen, corresponde al Fiscal de la CPI investigar estos crímenes.
«En la Situación de Venezuela I, los jueces de la Sala de Apelaciones han confirmado que el sistema judicial venezolano no cumple con esas funciones y han ratificado la apertura de la fase de investigación. Esta fase de investigación sobre los crímenes internacionales cometidos en Venezuela a partir de 2014 no ha sido suspendida. La misma se viene adelantando desde noviembre de 2021 y seguirá siendo competencia del equipo de la Fiscalía de la CPI en La Haya», puntualizaron.
Durante su cuarta visita a Venezuela, el fiscal Khan inauguró la oficina fue acordada entre la Fiscalía de la CPI y el régimen de Maduro el pasado 10 de junio de 2023, mediante un Memorándum de Entendimiento confidencial. Además, durante su visita el fiscal Khan participó en el lanzamiento de un plan de trabajo conjunto entre las autoridades y la Oficina de la Fiscalía de la CPI, con la participación de la cuestionada Asamblea Nacional, el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia.
