La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la represión contra la prensa y la persecución a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión en Venezuela.
En un comunicado, la RELE instó al Estado venezolano a «cesar de inmediato las prácticas violatorias de derechos humanos y a liberar a las personas detenidas arbitrariamente».
Además, la Relatoría reiteró su «llamado urgente» a la comunidad internacional para condenar la violencia institucional, promover la protección de la prensa y reforzar el monitoreo de la situación en el país.
«A cinco meses de las elecciones presidenciales de 2024, las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela continúan deteriorándose, en un contexto marcado por detenciones arbitrarias, restricciones al acceso a la información pública y actos de persecución, intimidación, amenazas y censura», alertó la CIDH.
La Comisión registró que entre las más de 2.000 personas detenidas arbitrariamente en el contexto electoral, al menos 21 de estas detenciones corresponden a periodistas y trabajadores de medios de comunicación, quienes han sido «acusados sin fundamento de delitos como terrorismo, incitación al odio, alteración del orden público, asociación ilícita y obstrucción de la vía pública».
«Los testimonios recabados por la Relatoría Especial evidencian un patrón de graves violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales, que incluyen la incomunicación de las personas detenidas con sus familiares y abogados, la prohibición de visitas, la denegación de defensa técnica, la falta de notificación adecuada de los cargos y su conexión con los delitos imputados, así como restricciones al acceso a los expedientes y a información crucial en los procesos judiciales», denunció la RELE.
La Relatoría también ha documentado de manera continua «casos de hostigamiento, acoso, amenazas y otras agresiones contra la prensa, incluyendo allanamientos, cierres de medios, bloqueos digitales de sitios web de noticias, confiscación de equipos, cancelación de pasaportes, despidos arbitrarios, extorsión, amenazas de detención y la divulgación de información personal a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Además, las declaraciones estigmatizantes de funcionarios públicos contra periodistas, sumadas a campañas de desprestigio para desacreditar su labor, han exacerbado la violencia contra la prensa y agudizado un clima de temor y autocensura, lo que ha obligado a muchos periodistas a modificar sus rutinas, suspender la cobertura de asuntos de interés público relacionados con las elecciones, desplazarse, exiliarse o, en algunos casos, abandonar definitivamente su profesión».
Las estrategias de censura no se limitan a la prensa, sino que también se han extendido a la población en general, explicó la Relatoría, especialmente a quienes apoyan las protestas o la oposición, a través de la denominada “Operación Tun Tun”, que involucra la vigilancia masiva, allanamientos, registros y detenciones arbitrarias.
«La represión ha generado un clima de temor generalizado, restringiendo gravemente la libertad de expresión y el acceso a la información, particularmente en un momento crucial para la situación política del país, cuando la ciudadanía debería poder pronunciarse libremente sobre temas de alto interés público«, denunció la CIDH.
A estos hechos se suma la reciente promulgación de la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONGs” y la “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela». Además, se ha documentado el avance del proyecto de «Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares”.
«La RELE reitera que los ataques dirigidos a silenciar o disuadir la participación ciudadana en asuntos de interés público, así como a periodistas y medios de comunicación, constituyen una violación manifiesta de los derechos humanos y de los principios fundamentales del Estado de derecho», advirtió la Relatoría de la CIDH, que instó a la comunidad internacional a:
- Condenar enérgicamente la violencia institucional en Venezuela y las violaciones sistemáticas de derechos humanos, especialmente la libertad de expresión, reconociendo su relevancia para la garantía de otros derechos fundamentales y para el restablecimiento de la democracia;
- Exigir al gobierno venezolano la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente y garantizar el acceso sin restricciones de organismos internacionales y de derechos humanos a los detenidos y sus familiares;
- Activar de manera urgente y coordinada canales diplomáticos bilaterales y multilaterales, así como mecanismos de diálogo y seguimiento, dirigidos a proteger el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en Venezuela;
- Exigir la implementación de mecanismos de rendición de cuentas independientes, que garanticen investigaciones imparciales y transparentes sobre violaciones a los derechos humanos, sanción a los responsables y medidas de reparación y no repetición;
- Mantener una observación continua y monitoreo constante hasta la toma de posesión presidencial en enero de 2025 y en los días posteriores.
