Profesores, estudiantes, obreros y empleados de la Universidad Simón Bolívar (USB) son víctimas de «terrorismo académico» por parte de las autoridades interinas impuestas por el régimen de Nicolás Maduro.
Así lo alertó la ONG Aula Abierta tras recibir una serie de denuncias por parte de miembros de la comunidad universitaria.
El presidente de la Asociación de Profesores de la USB, William Anseume, aseguró en una entrevista con Aula Abierta que las autoridades universitarias, impuestas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) en septiembre de 2021, han violado la libertad de cátedra de los profesores universitarios, así como también los derechos humanos y libertad académica de los estudiantes.
“Actualmente se les exige a los profesores la presencialidad, pero es imposible debido a las condiciones de la universidad. Los persiguen para que demuestren su presencialidad, a pesar de que en el campus el transporte no funciona, los servicios son limitados”, declaró Anseume.
Resaltó el caso de la profesora Nathaly Moreno, quien fue destituida abruptamente como coordinadora de Ingeniería Mecatrónica el 28 de marzo de 2022, por no aprobar las pasantías de unos estudiantes que no cumplían con los estándares exigidos. “Es un ejemplo de violación a la libertad de cátedra porque desconocen la voluntad de profesora de no aprobar a unos estudiantes que resultaron raspaos”, dijo
Ya en abril de 2022, la egresada de Arquitectura, Gabriela Álvarez, expresó sus desacuerdos contra la precaria situación de la casa de estudio, causando que las autoridades interinas como el rector Jorge Sthephany, el vicerrector administrativo, José Hernández y vicerrector académico, Víctor Theoktisto, abandonaran el acto de grado.
El secretario de servicios de la FCE-USB, Yeferson Torres, reveló que las autoridades pretendían regresar al acto de grado bajo la condición de que la estudiante no ingresara a este. Torres resaltó que este suceso significó una “violación de los derechos” debido a que Álvarez “no pudo vivir un momento tan importante como es compartir con sus compañeros y demás”.
La comunidad universitaria reiteró su rechazo a las precarias condiciones en las que se encuentra la USB, que en septiembre de 2021, debió convocar elecciones en los siguientes seis meses, según lo establece el reglamento, y estamos en 2023 y las autoridades siguen “usurpando un lugar que no les pertenece”.
