Representantes del emblemático Campamento Nora, propiedad del YMCA Caracas, denunciaron que la Alcaldía de Guaicaipuro pretende confiscar sus terrenos ubicados en la ciudad de Los Teques.
Carlos García, director del campamento, denunció que funcionarios policiales llegaron a los terrenos y los tomaron a la fuerza bajo orden del síndico procurador de la jurisdicción César Vielma Díaz.
Recordó que por más de cuatro décadas Nora ha sido parte institucional de YMCA, «contribuyendo a fomentar el desarrollo físico y mental de niños, jóvenes y adultos, a través de actividades recreativas y educativas en un ambiente de convivencia diaria y en contacto directo con la naturaleza».
Rechazó la «invasión» ordenada por el alcalde Farith Fraija quien, a su juicio, «pretende desconocer la propiedad del campamento que este año cumplió 76 años en Venezuela, de hecho a la fecha no se les está permitido la entrada a los directivos de YMCA, impidiéndolo de manera violenta y bajo amenaza, y además desconociéndolos como autoridades».
García narró que tras la toma del campamento sostuvo una reunión con el alcalde y el síndico donde ellos se comprometieron a retirarse del campamento luego que reconocieran que pertenecía YMCA. «El día sábado fui al campamento y un funcionario que tienen en la entrada no nos permitió entrar. Nos mintió el alcalde, se burló».
Agregó que lo más grave es que funcionarios de la alcaldía están alquilando las instalaciones del campamento y lucrándose.
Aclaró que han demostrado legalmente la propiedad del campamento. «YMCA de Caracas, ejerciendo su derecho, ha solicitado respetuosamente al Tribunal Supremo de Justicia, con amplios fundamentos jurídicos solicitar de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se dicte el mandato judicial, bajo el Amparo Constitucional con el fin de garantizar el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, violentados por el Ejecutivo Municipal, para que así sea restablecida de manera inmediata la situación jurídica infringida, que es expresamente en derecho constitucional, permitir nuestra actividad y legítimo derecho institucional.
Dijo que se solicitó que se ordene el cese a la violación y amenaza por parte del ejecutivo municipal al derecho y garantía constitucional invocada, como es el debido proceso administrativo, y en consecuencia se permita al personal de la YMCA desarrollar las actividades en el campamento Nora, como la venido realizando en Venezuela durante 76 años.
