“Los buenos deseos no construyen realidades”. Así puntualizó Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, sobre la falta de presupuestos, políticas públicas y acciones del Sistema de Protección para prevenir la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Esta es una de las razones por las que la formalización de la denuncia no se realiza, según los hallazgos del Servicio de Atención Jurídica (SAJ) de Cecodap. Por tanto, la preocupación final es la renuencia de las familias a denunciar situaciones de violencia contra los niños, niñas y adolescentes en instancias públicas.
Este martes 31 de mayo, en la sede de Cecodap, Trapani, junto a Angela Villafranca, abogada del SAJ, presentaron el segundo Informe Somos Noticias Capítulo Vulneraciones y a los Derechos de los Niño. Este informe refleja el acompañamiento jurídico a 673 beneficiarios a través de 811 consultas realizadas entre el mes de abril del año 2021 hasta marzo del año 2022.
“Este año tuvimos un incremento de 38,63% en beneficiarios atendidos con relación al periodo anterior (260 beneficiarios adicionales). Entre los principales hallazgos notamos un aumento en las solicitudes hechas por los padres de los niños, niñas y adolescentes afectados por algún tipo de situación que vulnere su derecho”, enfatizó Trapani.
Mayor receptividad, menos denuncias
Para el equipo de Servicio de Atención Jurídica (SAJ) de Cecodap, la receptividad de las denuncias por parte de funcionarios del Sistema de Protección tuvo una mejoría en comparación al año 2021. Pero, enfatizaron que sin mecanismos efectivos de monitoreo y seguimiento de los casos, no se cumplirá la meta de prevenir situaciones de violencia que afecten a la niñez y la adolescencia.
“Si bien hemos visto una mejoría en la recepción de las denuncias, tanto en el Ministerio Público como en los Consejos de Protección; es motivo de preocupación que la intervención del Estado en aquellos casos de violación a los derechos de los niños se fundamente solo en el acceso y recepción de la denuncia. Tenemos que prevenir las situaciones de violencia; no limitarnos a atenderlas una vez que ocurran. Más captación de casos no indica restitución efectiva de los derechos vulnerados y la protección de los niños”, agregó.
Trapani destacó que, pese a la orientación hecha por Cecodap a los beneficiarios, 52,94% de los solicitantes no denunciaron al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; 46,87% al Ministerio Público y 9.09% a otros organismos del Estado. “Pareciera que existe una desesperanza en la restitución de los derechos y una incredulidad en las respuestas institucionales ofrecidas por el Estado, así como miedo a las represalias”, señaló.
Ese es uno de los hallazgos principales de este informe, en comparación con el del año 2021. “Se evidencia por parte de las víctimas miedo y resistencia a realizar denuncias frente aquellas situaciones de violación a los derechos de los niños”, agregó el coordinador general de Cecodap. Destacó que la desinformación, complejidad de los procedimientos, trato inadecuado de los funcionarios públicos, difícil acceso físico a oficinas públicas y limitaciones en capacidad de movilización de las víctimas son factores identificados por los beneficiarios que desestimulan la denuncia.
Angela Villafranca, abogada del SAJ, coincidió con Trapani sobre la poca receptividad de las familias a denunciar casos y enfatizó que: «Pareciera que el miedo y las repercusiones, sumado a la poca confianza en las instituciones públicas, cohiben a las personas a tomar las riendas y denunciar».
Niñez desprotegida
Trapani señaló que, entre el total de personas atendidas por el SAJ, 270 eran niños, niñas y adolescentes, lo cual representa un incremento de 37%, en relación al año anterior (102 niños, niñas y adolescentes más con relación al año anterior).
“La integridad personal, familia e instituciones familiares y educación comprenden los derechos de los niños, niñas y adolescentes más vulnerados, en el periodo documentado por el SAJ. También se evidencia un contexto de mucha adversidad para los padres, madres y cuidadores. Están a la deriva resolviendo como pueden y cuando pueden. Aun cuando reconocen que tienen fallas y que hay presencia en la familia de violencia, no saben a dónde acudir para cambiar esa realidad”, explicó Trapani.
El SAJ documento, en 811 consultas, que:
– 32,44% de las solicitudes estaban relacionadas a al derecho a la integridad
– 28,72% sobre el derecho a una familia. Esto está relacionado a instituciones y convivencia familiar
– 13,29% sobre el derecho a la educación vinculados a discriminación, calidad y prosecución escolar.
– 6,28% de las orientaciones eran sobre violencia basada en género. Destaca que en estos casos es la madre la principal víctima de violencia física y psicológica.
– 5,31% eran sobre el derecho al libre tránsito y migración
– 4,25% estuvo relacionado al derecho a la identidad, con énfasis a los obstáculos para tramitar las partidas de nacimiento y cédulas de identidad.
Sobre el derecho a un nivel de vida adecuado, relacionado a casos de negligencia por parte de la madres, padre o familiares cuidadores, así como a la manutención de los niños y en contextos de pobreza, representaron 2,65% de las solicitudes tomadas.
“2,12% de las solicitudes tuvieron que ver con el derecho a la salud. Eran situaciones vinculadas a tratamientos médicos (psicológicos, psiquiátricos y de salud física). Finalmente, un 4,78% de nuestras solicitudes vulneraron los derechos de protección relacionados a permisos de trabajo, medidas de protección, conflictos vecinales y privación de libertad de adolescentes”, puntualizó Trapani.
En cuanto a los casos de integridad personal, el equipo del SAJ detalló que 24,59% de los casos están relacionados a abuso sexual, seguidos de maltrato (22,90%), violencia física (18,03%), acoso escolar (13,11%) y castigo físico (11,47%). “De los datos analizados el 8,19%%corresponde a situaciones de riesgo generadas por el propio adolescente (adicciones, conducta impropia y fugarse de la casa). Además, en comparación al año pasado se recibieron 27,08% más solicitudes con relación al periodo anterior”, enfatizó Trapani.
Angela Villafranca, abogada adjunta del SAP, explicó que se evidencia que la violación a la integridad personal constituye la vulneración más frecuente para los niños, niñas y adolescentes. “También se evidencia un contexto de mucha adversidad para los padres, madres y cuidadores para que puedan ejercer sus responsabilidades de crianza de forma compatible con la dignidad”, explicó durante la ronda de preguntas.
En cuanto al derecho a la educación, Villafranca refirió que evidencian situaciones en donde los adolescentes son privados de su derecho a la educación, debido a que sus padres no cubren todas sus matrículas escolares. “Se recibieron 25 solicitudes, al caracterizar los hechos que generan la amenaza o vulneración encontramos: 12 solicitudes por casos de discriminación por falta de pagos en las instituciones privadas, a los alumnos les restringieron el acceso a sus notas, a la presentación de exámenes y en algunos casos no se les permitían acuerdos de pago con los representantes”, sostuvo.
