Un bufete de abogados presentó una demanda en España contra los dirigentes políticos acusados de formar parte de la trama de corrupción de Alex Saab y Carlos Liscano sobre la importación de alimentos Clap.
El portal La Patilla informó que los acusados son José Brito, Conrado Pérez, Luis Parra, Adolfo Superlano, Luis Pirela, Chain Bucaran y Richard Arteaga.
Estos dirigentes presuntamiente habrían contratado los servicios de la firma para dejar absueltas de responsabilidad a un grupo de empresas involucradas en el desfalco millonario del programa de alimentación de Venezuela. “Tanto las empresas como los diputados relacionados, intentaron utilizar a abogados honestos, para que bajo engaños liberasen las cuentas bancarias y legitimasen no sólo a las empresas sino también los contratos que celebraron y que se caracterizan por ser actos de corrupción e ilegitimidad contra el Patrimonio Público de Venezuela”, dice el documento presentado en la Fiscalía de delitos económicos de Madrid.
En la explicación de motivos de señala que “La Comisión que se presentó fue Presidida por el Diputado Conrado Pérez de la comisión de Contraloría, la conformaron los demás denunciados excepto los Diputados Luis Parra y José Pirela, quienes no suscribieron contratos con nuestra organización, pero viajaron y firmaron documentos oficiales que trajeron desde Caracas”, sostiene.
Asimismo, la firma agrega que el comportamiento de los antiguos diputados acarrea responsabilidades penales por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.
“Para la fecha, siguen sumándose indicios de corrupción y Legitimación de Capitales, hay demostración de que los documentos son falseados o creados para limpiar la imagen de las empresas corruptas, lo cual inmediatamente convierte a los Diputados en Corruptos, de aquí su reputación de Alacranes y por ello se les considera Tránsfugas en Venezuela y señalados de aceptar sobornos”, agrega.
Ocultaron pruebas que evidenciaban la mala calidad de los alimentos y usaron otras para engañar a las instituciones europeas, fueron a Bulgaria a defender las empresas que se robaron el dinero de la República de Venezuela, en lugar de pedir que le repatriaran esos dineros a el estado venezolano. Al bufete le ocultaron toda esa realidad.
En el documento se solicita una investigación al respecto y se exhorta a consultar con la ONU y el Departamento de Estado de Estados Unidos información sobre la brutal trama de corrupción.
