La cuestionada Asamblea Nacional chavista inició la consulta pública sobre el proyecto de ley que busca regular la actuación y el financiamiento de las ONG en Venezuela.
El encuentro se realizó en el Palacio Federal Legislativo. La primera oradora fue la diputada chavista María Gabriela Vega, quien aseguró que les corresponde «efectuar una profunda revisión de la documentación que las ONG presentan ante las autoridades venezolanas, a los fines de evitar la utilización de tan importantes figuras asociativas para incurrir en delitos tipificados en la Ley contra la delincuencia organizada, financiamiento al terrorismo y como lo establece la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional».
Además, refirió que «algunas ONG son beneficiadas con fondos ilícitos para generar desestabilización política en los estados donde operan».
El parlamentario chavista Julio García Zerpa reconoció que este proyecto de ley «causa sensibilidad en algunos sectores de la sociedad», pero a pesar de ello están decididos a avanzar en su intención de regular a las ONG.
Zerpa sostuvo que «hay un pequeño grupo de organizaciones, que a veces no tienen ni siquiera personalidad jurídica, son un maletín con mucho dinero que proviene del extranjero y de dudosa procedencia, que tienen ingentes recursos que se utilizan en el país y que no se rinde cuentas sobre ellos».
«Es una decisión soberana del Estado regular la situación jurídica y la actuación de instituciones públicas y privadas que reciban financiamiento de agentes extranjeros», puntualizó.
El diputado explicó que la ley establecerá que el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) cree un registro especial de las ONG que operan en el país. «El vicepresidente o vicepresidanta podrá establecer la obligatoriedad de demostrar la inscripción a los efectos de la realización de determinados trámites administrativos y la obtención de determinados beneficios del Ejecutivo Nacional», puntualizó.
Además indicó que «las ONG domiciliadas en el extranjero solo podrán operar en el país tras obtener una habilitación para hacerlo» que será otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Zerpa también explicó que la ley obligará a las ONG a «presentar ante la Contraloría General de la República una declaración jurada de patrimonio».
Asimismo, las ONG tendrán prohibido «realizar actividades políticas». Si incumplen esta prohibición, las organizaciones no gubernamentales serán sancionadas con «medidas administrativas, proporcionales y adecuadas contra las ONG mediante la apertura de un procedimiento administrativo que podrá implicar la suspensión de actividades y la disolución de oficio de la ONG. Perdería su personalidad jurídica», sentenció.
