La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) chavista anunció este jueves la extensión del plazo, hasta el próximo 10 de junio, para las postulaciones a los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ahora estará integrado por 32 jueces, luego de una reforma en la ley con la que el régimen busca cambiar el sistema judicial.
El diputado chavista Giuseppe Alessandrello, presidente del Comité de Postulaciones, indicó que los aspirantes podrán entregar sus documentos hasta el próximo miércoles a las 18.00 hora local (22.00 GMT), de acuerdo con una nota del canal estatal VTV.
Alessandrello explicó que la prórroga se decidió ante las «numerosas peticiones» de juristas interesados en formar parte del TSJ.
El plazo inicial estaba previsto hasta el próximo sábado 6 de junio.
Asimismo, dijo que un día después de terminado este periodo se publicará una lista con los postulados, momento en el que comenzará el proceso de impugnaciones y evaluaciones.
El diputado señaló que hasta la fecha han recibido 280 postulaciones.
Además, espera que en unos 30 días el Comité tenga el listado de los elegibles que se presentará ante la plenaria del Parlamento, controlado por el chavismo.
El pasado 22 de mayo, la AN llamó a los juristas venezolanos a postularse a los cargos de magistrados del Supremo, así como para inspectores y director de la Escuela Nacional de la Magistratura.
La Asamblea Nacional sustituirá solo a ocho magistrados por jubilaciones y renuncias y escogerá a 12 nuevos que se sumarán a los otros 12 que siguen ejerciendo en la corte.
El Parlamento chavista aprobó la reforma de la ley del TSJ el pasado 12 de mayo y acordó que la Sala Constitucional del tribunal esté conformada por siete magistrados, mientras que el resto de las salas estarán integradas por cinco.
Hasta ahora, la Sala Constitucional estaba conformada por cinco magistrados y las restantes -Político Administrativa, Electoral, Civil, Penal, Social- por tres.
El lunes, la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, inauguró la gran consulta nacional para reformar la justicia penal en el país suramericano con el objetivo de superar los «males que persisten» en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.
En mayo, Rodríguez dijo que en un primer análisis encontraron tres grandes desafíos: el retardo procesal, la corrupción judicial y la criminalización de la pobreza, luego de determinar que el 68 % de las personas encarceladas en el país son de estratos económicos y sociales «menos favorecidos». EFE
