Las autoridades de España y Argentina deben cooperar para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas venezolanas de presuntos crímenes de lesa humanidad, en el marco de procesos abiertos bajo el principio de jurisdicción universal en tribunales argentinos.
Así lo señaló Amnistía Internacional, a través de su directora para las Américas, Ana Piquer, quien se pronunció tras la lucha sostenida de víctimas venezolanas que han presentado denuncias ante la justicia argentina y luego de conocerse información pública sobre una solicitud de extradición entre autoridades de Argentina y España por el excoronel Ephraín Verdú.
“Los crímenes de lesa humanidad, como los cometidos en Venezuela, deben remover la conciencia de toda la comunidad internacional y conducir a acciones tangibles para proteger a las víctimas frente a violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional, tanto pasados como futuros”, afirmó Piquer.
La representante de la organización recordó que las vías de justicia internacional se han abierto gracias a la persistencia de las víctimas, e incluyen tanto la investigación en curso de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) como los procesos basados en jurisdicción universal que se tramitan en distintos países.
En ese contexto, destacó el caso presentado en Argentina por familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales desde 2023, el cual ha sido seguido por Amnistía Internacional y respaldado como un uso legítimo de la jurisdicción de los tribunales locales para investigar graves violaciones de derechos humanos cometidas fuera del territorio nacional.
La organización valoró además como un avance el progreso de las investigaciones judiciales en Argentina y la eventual solicitud de extradición vinculada a estos procesos, al tiempo que instó a las autoridades españolas a cooperar de forma “ágil y plena” con cualquier requerimiento judicial.
Amnistía Internacional subrayó que la cooperación internacional es clave para evitar la impunidad en casos de crímenes bajo el derecho internacional, y reiteró que los Estados tienen tanto la autoridad como la responsabilidad de actuar en estos casos.
Asimismo, la organización advirtió que las víctimas, comunidades y defensores de derechos humanos continúan enfrentando riesgos en Venezuela, por lo que su protección debe ser prioritaria. En ese sentido, llamó al régimen venezolano a garantizar el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición.
Finalmente, Amnistía Internacional reiteró su llamado a desmantelar las políticas de represión en el país y a liberar a las personas detenidas de forma arbitraria por razones políticas, así como a reformar de manera integral el sistema de justicia venezolano.
