La Justicia de Argentina solicitó a España la extradición del excoronel venezolano Ephraín Enrique Verdú Torrelles, de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), dentro de una causa por delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela y que se tramita en tribunales argentinos.
Según informó este lunes la organización InterJust, la Justicia argentina dictó en febrero pasado la orden de extradición tras recibir información de que Verdú Torrelles se encontraba en España.
Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina transmitió formalmente la solicitud a las autoridades españolas y en marzo el Consejo de Ministros español aprobó la continuación del proceso.
Según informaron a EFE fuentes de InterJust, la solicitud de extradición esta bajo trámite en el Juzgado de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional de España.
Desde 2023, la Justicia argentina tramita una causa contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela a partir de una denuncia presentada en enero de ese año por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD.
La denuncia se presentó en Argentina sobre la base de la jurisdicción universal, un principio jurídico que permite a los países procesar delitos graves contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima.
En junio de 2023 la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés) presentó otra denuncia ante la Justicia Federal de Argentina, en la que se pedía que se investigaran violaciones a los derechos humanos en Venezuela por parte de las fuerzas de seguridad.
Esta denuncia se centró en el caso de dos víctimas de homicidio, cuya identidad se ha mantenido en secreto para proteger a sus familiares.
InterJust, que este año sucedió CFJ en la representación de estos querellantes, reveló este lunes que una de las víctimas es Rosa Orozco, madre de Geraldin Moreno Orozco, una estudiante y jugadora de fútbol sala de 23 años que fue asesinada por agentes de la GNB en febrero de 2014 en el estado de Carabobo mientras participaba en una manifestación.
Fuentes de InterJust dijeron a EFE que, cuando ocurrieron aquellos hechos, Verdú Torrelles era comandante del destacamento de Seguridad Urbana de Carabobo y estaba al frente del operativo por las protestas.
“Llevo más de 12 años luchando para que la muerte de Geraldin no quede impune”, afirmó Rosa Orozco.
“Cada avance legal, como este, es también un reconocimiento a su vida, a sus sueños y al derecho de las víctimas venezolanas a obtener justicia”, añadió.
El otro caso se mantiene en el expediente como el de J.A.M.F., quien el 19 de febrero de 2014 registró con su teléfono móvil cómo las fuerzas de seguridad en Caracas reprimían una protesta pacífica.
Cuando le descubrieron, fue perseguido y los agentes le dispararon, sin lograr herirlo, pero lo atraparon y golpearon sin que se hubiese resistido, le provocaron lesiones y lo trasladaron al hospital donde continuó la paliza. Murió cuatro días después en el hospital producto de las lesiones sufridas.
Las denuncias de la FAAD y de InterJust son tramitadas por el Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Sebastián Ramos, con intervención del fiscal federal Carlos Stornelli.
En septiembre de 2024 Ramos ordenó la captura internacional con vistas a indagar de Nicolás Maduro, de su ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, Justo José Noguera Pietri, y otros trece funcionarios por crímenes de lesa humanidad cometidos de forma generalizada en Venezuela contra la población civil desde al menos 2014.
Tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, el juez Ramos solicitó el 4 de febrero a Estados Unidos que el expresidente sea extraditado a Argentina. EFE
