Amnistía Internacional publicó un informe en el que afirma que «las autoridades de Curazao y de Países Bajos han violado los derechos de personas venezolanas que buscan protección internacional en Curazao«.
El informe «Sin seguridad todavía: Niegan protección a personas venezolanas en Curazao» detalla la documentación de 22 casos de personas venezolanas, entre ellas menores de edad, que han sufrido violaciones de derechos humanos, como detención automática en condiciones inhumanas, malos tratos, separación familiar y negación de su derecho a solicitar asilo.
«Casi 5,7 millones de personas venezolanas han huido de la crisis de derechos humanos en su país, lo que la convierte en una de las mayores crisis de desplazamiento forzado del mundo. Curazao, isla caribeña próxima a Venezuela que pertenece al Reino de los Países Bajos, está entre sus países de destino. Se calcula que 17.000 personas venezolanas viven en situación migratoria irregular en la isla», señala el informe.
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, manifiesta que «es inaceptable que el Reino de los Países Bajos ayude a las autoridades de Curazao a arrestar, custodiar y deportar a gente que huye de Venezuela en busca de seguridad. En lugar de mirar hacia otro lado mientras se están cometiendo estas violaciones de derechos humanos, las autoridades neerlandesas deberían garantizar a estas personas la protección internacional que necesitan».
Aún sin protección
La organización concluye que la situación de las personas venezolanas que buscan protección en Curazao «no ha mejorado desde que publicó el informe Detenidos y deportados: Niegan protección a personas venezolanas en Curazao en 2018».
«El nuevo procedimiento de protección internacional que introdujo Curazao no se ajusta al derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, las personas venezolanas que huyen de la crisis pasan automáticamente a estar en detención por tiempo indefinido, y en ese periodo sufren presiones para que firmen su consentimiento a la deportación y tienen un acceso muy limitado a asistencia jurídica. De las entrevistas para evaluar las necesidades de protección se encargan funcionarios públicos que también son responsables de arrestar a las personas extranjeras en situación migratoria irregular. Hasta ahora, el nuevo procedimiento sólo ha dado lugar al rechazo de las solicitudes del estatuto de protección. La organización ve con profunda inquietud que, como resultado, Curazao devuelva a Venezuela personas que allí corren un grave peligro de sufrir violaciones de derechos humanos, en incumplimiento del principio de no devolución (non-refoulement)», indica el escrito.
También refiere que «las condiciones en el ‘cuartel de extranjeros’, centro de detención ubicado en la prisión SDKK (Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou), siguen siendo inhumanas y las personas recluidas allí están sometidas a privación sensorial, hacinamiento, encierro junto a personas convictas y falta de intimidad. Personas venezolanas contaron a Amnistía Internacional que los guardias de la prisión les infligían trato inhumano y degradante, en forma de insultos y agresiones y también obligándolas a saltar como ranas sin la ropa puesta. En 2019, la policía disparó balas de goma contra un grupo de personas venezolanas que estaban en el cuartel. El uso intencionado y desproporcionado de la fuerza por la policía contra ellas, y la gravedad de las lesiones, pueden constituir tortura u otros malos tratos».
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