La ONG Transparencia Venezuela, en el exilio, reportó que la cifra de USD 700 millones en bienes decomisados recientemente por Estados Unidos al gobernante Nicolás Maduro “es apenas el sencillo” de un saqueo mucho mayor.
De acuerdo con su más reciente informe, hasta mayo de 2024 se han identificado 745 activos obtenidos con fondos de origen ilícito vinculados a tramas de corrupción en Venezuela, distribuidos en 20 países, con un valor estimado de USD 3.571 millones y otros EUR 218,8 millones.
En total, el monto incautado alcanza los USD 3.826 millones, según datos recabados a partir de causas judiciales, reportes de organismos de control y publicaciones de prensa. La organización advierte que se trata de cifras conservadoras, pues solo incluyen casos que han llegado a instancias judiciales y dejan fuera fortunas no rastreadas o aún bajo investigación.
Estados Unidos lidera la lista con 335 bienes bajo medidas judiciales, seguido por España (235), Argentina (58), Suiza (34), Panamá (18) y Colombia (11). La mayoría de los activos confiscados son fondos bancarios (94,8% del total en dólares), seguidos por inmuebles (4,19%) y vehículos de lujo (0,24%).
El informe recuerda grandes escándalos como la trama Pdvsa Cripto, reconocida por las autoridades venezolanas en 2023, que implicó pérdidas por USD 16.960 millones, o el caso Money Flight (2014-2015) con un fraude a Pdvsa por USD 1.200 millones. También cita ejemplos emblemáticos como el del ex tesorero Alejandro Andrade, quien entregó propiedades, caballos y relojes de lujo valorados en más de USD 42 millones tras declararse culpable en Estados Unidos, o el del empresario Raúl Gorrín, a quien se le confiscaron 24 propiedades en Miami y Nueva York.
Transparencia Venezuela subraya que estos bienes “robaron el bienestar de todos los venezolanos” y plantea la creación de un fondo independiente internacional que administre los activos recuperados con criterios transparentes, para destinarlos a atender la emergencia humanitaria en el país. Para ello, la ONG pide la cooperación de gobiernos y organismos internacionales, así como un modelo de gestión que garantice el uso adecuado de los recursos.
