Las organizaciones Clima21 y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) exigieron al régimen venezolano establecer garantías ambientales y de derechos humanos ante los recientes acuerdos energéticos y licencias operativas entre Venezuela y Estados Unidos para reactivar y ampliar la industria de hidrocarburos.
En un pronunciamiento, las organizaciones expresaron su preocupación por la falta de información pública sobre las medidas de protección ambiental que, a su juicio, deben acompañar estos acuerdos y advirtieron que la recuperación económica no puede realizarse a costa de los derechos humanos ambientales.
Clima21 y Provea recordaron que el derecho a un ambiente sano, seguro y sostenible está vinculado con otros derechos fundamentales, entre ellos la salud, el acceso al agua y el derecho a un nivel de vida adecuado.
Asimismo, cuestionaron que la expansión de las actividades petroleras y mineras continúe planteándose como una respuesta a la crisis socioeconómica, mientras persisten problemas sociales y ambientales asociados al modelo extractivo.
Ante este escenario, las organizaciones solicitaron al régimen venezolano y a las empresas e instituciones internacionales involucradas adoptar medidas en cinco áreas principales: transparencia e información pública; cumplimiento de las obligaciones ambientales y de derechos humanos; protección y reparación de las comunidades vulnerables; atención de los pasivos ambientales y derrames; y avanzar hacia una transición energética justa y sostenible.
En materia de transparencia, exigieron la publicación de información sobre las negociaciones petroleras y de los mecanismos de protección ambiental incorporados en los acuerdos. También reclamaron que las operaciones cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos y ambiente, incluidos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
Las organizaciones pidieron además medidas de protección, asistencia y reparación para las comunidades afectadas por actividades extractivas, así como garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas cuando las decisiones puedan afectar sus territorios.
Sobre la situación ambiental de la industria petrolera, Clima21 y Provea denunciaron una “crisis ambiental crónica” marcada, según señalaron, por derrames de hidrocarburos y afectaciones a ecosistemas continentales y marinos. En ese sentido, solicitaron compromisos exigibles para atender los pasivos ambientales acumulados, controlar las contingencias actuales y restaurar los territorios degradados.
Finalmente, plantearon que la reactivación del sector debe incluir metas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y planes concretos para avanzar hacia una transición energética justa que permita reducir la dependencia del modelo extractivista.
“Reiteramos que la reconstrucción del país debe sustentarse en un modelo de desarrollo sostenible, participativo, justo y respetuoso de los derechos humanos”, señalaron.
Las organizaciones concluyeron que la reactivación económica no debe convertirse en una nueva fuente de daños ambientales e injusticia social.
