La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró que las plataformas digitales que han suspendido de manera permanente al presidente saliente, Donald Trump, de las redes sociales, están aplicando censura previa.
«El bloqueo indefinido a las expresiones de una persona pública, como en el caso de Trump, implica censura previa, como lo define el punto 5 de la Declaración de Salta, ya que se infieren delitos o faltas que todavía no ocurrieron», dijo el presidente de la SIP, Jorge Canahuati. «Lo peligroso es que se deja de considerar la aplicación correcta del principio de responsabilidad ulterior».
Ante los bloqueos en las redes sociales a las cuentas personales de Trump, a quien responsabilizan de «incitar a la violencia», la SIP resalta su Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital.
La entidad considera que dicho documento es relevante en la discusión sobre el papel y la responsabilidad de los operadores de las plataformas de internet en el sostenimiento de la libre expresión y para el análisis sobre este y otros hechos similares que afectan la vida diaria de millones de usuarios que utilizan los servicios en la red.
El asalto de parte de partidarios del presidente Trump al Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero desembocó en el bloqueo, en algunos casos indefinido, de las cuentas personales del presidente en Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, Twitch y TikTok, así como la eliminación de la red conservadora Parler en Amazon y en las aplicaciones de Apple y Google. Estas medidas adoptadas por compañías privadas, ponderadas por algunos y criticadas por otros, incluso por líderes mundiales, ponen de manifiesto nuevas complejidades sobre la libertad de expresión en el ámbito digital.
En ese contexto, Canahuati, consideró que los principios de la Declaración de Salta, adoptada por la SIP en octubre 2018 en la ciudad de Salta, Argentina, establecen derechos y deberes que deben asumir los actores que participan en el intercambio de información en el entorno digital, sean plataformas, creadores de contenido, usuarios y gobiernos.
Canahuati, presidente del Grupo OPSA de Honduras, rescata que la declaración advierte que, pese al impacto positivo de la comunicación por internet, no han cesado los ataques y las amenazas, desde «el exceso de regulaciones estatales» hasta «la diseminación maliciosa de información», así como el accionar de actores privados «que ejercen un poder sustantivo en la circulación de información».
Más allá de la justificación autorregulatoria de las plataformas ante la responsabilidad de Trump en los hechos de violencia, Canahuati agregó que el mayor ruido generado se debe a si una plataforma privada, con características de red pública por su alcance y masividad, puede decidir sobre los temas de debate público o censurar voces por más irrazonables que estas aparenten ser.
Por su parte, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, analizó que parte de la confusión global sobre las medidas adoptadas se debe a que las plataformas han sido erráticas en la aplicación de criterios ante situaciones similares ocurridas en países diferentes. Dijo que la Declaración de Salta es imperativa ante las plataformas al decir que «sus políticas y criterios que puedan restringir la circulación de contenidos deben ser claros y transparentes», para no incurrir en lo que se denomina «cultura de la cancelación». Con el agravante de que de tal modo pueden estar obturando el debate público.
Ante la presión que pudieran experimentar las grandes plataformas estadounidenses por el inminente cambio de gobierno en el país, Jornet, director del diario La Voz del Interior, de Córdoba, Argentina, parafraseó el artículo 13 de la Declaración de Salta que pide a los intermediarios tecnológicos «comprometerse con el respeto y la promoción de la libertad de expresión» y no ceder «ante presiones de gobiernos u otros grupos de poder». Si el argumento es de «incitación a la violencia» o «aliento a la insurrección», las plataformas pudieron haber borrado los mensajes que consideraban ilegales o disponer una suspensión breve de la cuenta, mientras instaban un pronunciamiento judicial que dispusiera una medida más drástica, agregó.
Canahuati y Jornet expresaron el temor de la SIP de que las medidas adoptadas por las plataformas pudieran desembocar en una carrera legislativa desenfrenada por regular la libertad de expresión en el área digital, aspectos que la Declaración de Salta también establece como una de las mayores amenazas.
