Secuestros del ELN reviven la discusión sobre la paz en la campaña presidencial colombiana
Bogotá, 6 may (EFE).- El anuncio de la prolongación, hasta cinco años, del secuestro de cuatro funcionarios colombianos ordenada por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), que los tiene cautivos desde mediados de 2025, ha revivido en el país la discusión sobre el conflicto armado y la paz, a menos de un mes de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.
El Frente de Guerra Oriental, el más poderoso del ELN, que opera en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, anunció en la víspera que sometió a «juicios revolucionarios» a los cuatro secuestrados y decidió «condenarlos» por sus funciones como miembros de instituciones del Estado.
Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, secuestrados en mayo de 2025, fueron «condenados» respectivamente a 60 y 55 meses de cautiverio prolongado.
De igual forma, a los policías de la dirección de investigación criminal (Dijin) Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados en julio pasado, se les impusieron -respectivamente- penas de 36 y 32 meses.
«La liberación absoluta (…) de todos los secuestrados debe ser una condición que exijamos hoy todos los candidatos presidenciales», dijo este miércoles el exsenador Roy Barreras, quien participó en los diálogos de paz con las FARC.
Barreras, que es candidato presidencial del movimiento La Fuerza, señaló que para buscar la paz es necesario que el ELN renuncie al secuestro, como lo hicieron en su momento las FARC.
«No puede haber conversaciones bajo el chantaje del secuestro de inocentes y bajo los ataques aleves a la población civil», señaló el político.
Clamor por la liberación
Al respecto, la Delegación del Gobierno en los diálogos de paz con el ELN, que están suspendidos desde enero de 2025, por la escalada de violencia de esa guerrilla en la región del Catatumbo, pidió «un gesto humanitario para que no sólo respete la vida de los funcionarios, sino que los libere sin condiciones».
El ELN inició en noviembre de 2022 en Caracas diálogos de paz con el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, durante los cuales se alcanzó un acuerdo para renunciar al secuestro con fines económicos, pero en la práctica esa guerrilla nunca abandonó ese delito.
«Me uno al rechazo de la prolongación del secuestro de dos funcionarios de la Fiscalía y dos miembros de la Policía Nacional por parte del ELN. Exijo su pronta liberación y que se garantice su vida e integridad», manifestó -por su parte- el candidato de izquierdas Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido de Petro, quien no se ha pronunciado sobre este caso.
El candidato Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, atribuyó la situación de los secuestrados a Petro y a Cepeda, por su política de paz, y opinó que la solución está en la mano dura que promete si es elegido presidente.
«Desde el 7 de agosto (día de la investidura) nuestros militares, policías e integrantes de CTI ya no estarán solos, y todo secuestrador que se crea juez terminará en la cárcel o en una tumba. Les voy a enseñar lo que es justicia», expresó.
El anuncio de la prolongación del secuestro de los funcionarios fue calificado como «inaceptable» por el procurador general de Colombia, Gregorio Eljach, quien exigió al ELN «la liberación inmediata, incondicional y en condiciones de seguridad de estas cuatro personas».
«Ningún grupo armado ilegal ni estructura criminal puede arrogarse funciones de autoridad judicial, imponer condenas o disponer de la libertad y la dignidad de los colombianos», manifestó en una declaración el jefe del Ministerio Público.
La misma postura expresaron -en un comunicado conjunto- la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, que exigieron al ELN la liberación incondicional de los secuestrados «como muestra de voluntad de paz», porque persistir en ese delito «daña la confianza de la sociedad en los esfuerzos por superar la violencia».
Al rechazo a los secuestros y las «condenas» del ELN se sumaron organismos internacionales, como la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que urgió al ELN «la libertad inmediata y sin condiciones, respetando la vida y los derechos humanos» de los cuatro funcionarios.
«La privación arbitraria de la libertad y la imposición arbitraria de penas constituyen graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH)», recordó el organismo de la ONU. EFE
