Un centenar de políticos, diplomáticos y militares retirados de Perú emitieron un comunicado conjunto reclamando al gobierno del presidente Pedro Castillo no callar ante las violaciones de derechos humanos registradas en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
«No al silencio diplomático«, se titula la declaración conjunta, en la cual expresan «preocupación ante la sistemática violación de los derechos humanos en nuestro hemisferio, por parte de gobiernos con los cuales el Perú́ mantiene relaciones diplomáticas de primer nivel y con quienes somos consignatarios de acuerdos internacionales referentes al derecho humanitario».
Los firmantes detallaron una serie de «hechos sumamente graves» que consideran merecen un pronunciamiento por parte del Ejecutivo peruano.
En el caso de Venezuela destacaron que «continúan cometiéndose graves atentados contra los derechos humanos, a pesar de lo cual el gobierno peruano ha reanudado relaciones diplomáticas plenas con ese régimen. Asimismo, se multiplican situaciones que deben merecer la mayor atención del Gobierno y del Congreso de la República, como los presos políticos, la persecución, abolición de la prensa libre y la corrupción que han empobrecido al pueblo venezolano».
Sobre Cuba, señalaron que «inició un proceso penal contra 158 detenidos el 11 de julio del 2021, por participar en manifestaciones demandando mejores condiciones de vida, libertad y democracia en un país gobernado por el Partido Comunista hace 62 años. Alarma que magistrados que son parte del Partido Comunista estén a cargo de estos procesos judiciales y soliciten penas de veinte a treinta años de cárcel a los procesados, no permitiendo a éstos o a sus abogados expresarse públicamente».
En Nicaragua resaltaron que «están encarcelados 170 opositores a la dictadura de Ortega, entre otros siete candidatos presidenciales. Ortega ha sido reelecto por cuarta vez en un proceso electoral rechazado por la comunidad internacional, que registra 81% de abstenciones y un éxodo de más de 100 mil personas como
consecuencia de la represión oficialista».
Además, deploraron «la presencia en la ceremonia de juramentación de Ortega del vicepresidente de la República de Iran, Moschen Rezai, sindicado como uno de los autores del atentado terrorista contra una mutual israelita en Buenos Aires en 1994, que causó 80 muertos y 300 heridos».
Finalmente, sobre Bolivia recordaron que la expresidenta Jeanine Áñez se encuentra presa hace cerca de un año «sin proceso judicial, enferma y es objeto de vejámenes en el centro de reclusión. La exmandataria responsabiliza de estos atropellos al Gobierno y directamente a Evo Morales».
Frente a todo esto, los firmantes demandaron «el pronunciamiento del presidente Castillo Terrones y del Ministro de Relaciones Exteriores, embajador Óscar Maúrtua, porque a pesar de la gravedad de los hechos referidos mantienen inaceptable silencio».
