La Corte Constitucional de Colombia tumbó este miércoles la ley con la fue creado el Ministerio de la Igualdad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, al considerar que tuvo vicios de trámite en el Congreso.
El alto tribunal señaló en su decisión que en el trámite de creación no se hizo un análisis del impacto fiscal de esa nueva cartera.
Igualmente difirió su decisión por el término de dos legislaturas, razón por la cual el Ministerio seguirá existiendo hasta 2026.
«Una vez culmine la legislatura 2025-2026, la ley 2281 de 2023 dejará de producir efectos definitivamente y no formará parte del ordenamiento jurídico», según la Corte Constitucional.
La demanda que falló la Corte había sido interpuesta por la senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, quien aseguró que el Ministerio de la Igualdad era «pura burocracia».
La congresista dijo que el Ministerio tiene un presupuesto de «1,3 billones de pesos (unos 333 millones de dólares), de los cuales 900.000 millones de pesos (unos 230 millones de dólares) eran para repartir puestos y apenas 400.000 millones de pesos (unos 103 millones de dólares) para la inversión que se necesita para los colombianos».
«Lo que nosotros mostramos es que el Gobierno nunca mostró un estudio de impacto fiscal sobre este proyecto», agregó Valencia en un video publicado en sus redes sociales.
En junio del año pasado, el presidente Gustavo Petro puso su firma a los documentos que dieron luz verde de forma oficial el Ministerio de Igualdad, una promesa de campaña y designó como jefa de esa cartera a Márquez.
La nueva cartera, cuya creación fue aprobada por el Congreso en diciembre del 2022, se ocupa de 14 poblaciones, además de las mujeres, población LGTBIQ+, personas con discapacidad, racializadas, e incluso poblaciones excluidas especialmente afectadas por la inequidad, como el campesinado, las personas en situación de calle o las migrantes.
El Ministerio está articulado en cinco viceministerios: Mujeres, Juventud, Territorios y poblaciones excluidas, Diversidades y población con discapacidad y Pueblos étnicos y campesinado.
Sin embargo, la vicepresidenta ha sido criticada porque el Ministerio de la Igualdad este año ha ejecutado menos del 1 % de su presupuesto. EFE
