La intensa represión ejercida por la dictadura de Daniel Ortega y su entorno prácticamente ha conseguido eliminar todas las voces opositoras o críticas dentro del país, por lo que la persecución política se centró el último año en incapacitar cualquier oposición a futuro, según las últimas investigaciones de la ONU sobre derechos humanos en Nicaragua.
El objetivo es impedir el nacimiento de cualquier iniciativa destinada a movilizar a la ciudadanía, de acuerdo con el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre este país creado por la ONU.
«La persecución de personas opositoras o percibidas como tales se ha vuelto más sutil. Se perpetran violaciones, abusos y crímenes no sólo para desmantelar los esfuerzos activos de la oposición, sino también para disuadir, a largo plazo, cualquier nueva organización o iniciativa de movilización social», señala en un informe que presentará este jueves al Consejo de Derechos Humanos.
«El presidente Ortega, la vicepresidenta (Rosario) Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional», señaló el presidente del grupo, Jan Simon.
El crimen consiste en perseguir a su propio pueblo, teniendo como blancos principales a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas, agregó.
Según el informe, la persecución se extiende más allá de las fronteras de Nicaragua por los efectos que sufren los nicaragüenses que han sido privados de su nacionalidad y de documentos oficiales, a quienes se niega apoyo consular y se impide la reunificación familiar.
Los familiares de las víctimas del retiro de la nacionalidad y del exilio forzoso son también perseguidas dentro del país, incluidos los niños.
«Los niños y niñas han sido violentados debido a su relación parental o a las actividades u opiniones expresadas por sus padres o familiares. Las deportaciones y prohibiciones de ingreso a Nicaragua les han separado de sus padres«, indicó la experta Ángela Buitrago, miembro del Grupo de Expertos.
A muchos niños en esa situación incluso se les ha negado la expedición de un pasaporte para poder viajar y reunirse con sus padres en el extranjero.
Por otra parte, el informe denuncia que se ha consolidado el control total de los poderes e instituciones en manos de Ortega y su esposa, en particular del poder judicial.
“La centralización del poder garantiza la impunidad de los perpetradores y socava los esfuerzos por lograr la rendición de cuentas. El gobierno se ha asegurado de permanecer en una burbuja cada vez más sólida para perpetuarse en el poder y aniquilar a cualquiera que intente romper esa burbuja”, afirmó la experta Ariela Peralta.
Como alternativas, el Grupo pide a los países que amplíen las sanciones contra personas e instituciones involucradas en violaciones de derechos humanos en Nicaragua, como «una forma mínima de rendición de cuentas en un país donde la impunidad y la criminalización de la democracia son la regla». EFE
