El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, afirmó este martes que el expresidente Jair Bolsonaro lideró e incentivó acciones ilegales para mantenerse en el poder, durante la primera audiencia del juicio en el que se decidirá si se acepta la denuncia por intento de golpe de Estado.
«La organización tenía como líderes al propio presidente de la República y a su candidato a la vicepresidencia, general (Walter) Braga Netto», afirmó el fiscal al presentar los argumentos de su acusación ante la Sala Primera de la Corte Suprema, encargada del juicio.
Gonet señaló que hubo una «cadena de acontecimientos articulados para que, por medio de la fuerza o amenaza, el (entonces) presidente Jair Bolsonaro no dejara la Presidencia de la República» tras perder las elecciones de 2022.
Según el fiscal, la organización documentó todo el plan y durante las investigaciones se encontraron «manuscritos, archivos digitales, hojas de cálculo e intercambios de mensajes que revelan el avance de la ruptura del orden democrático».
En un tono fuerte, Gonet explicó la gravedad del caso citando varias pruebas, entre las cuales se encuentran el borrador del plan para llevar el golpe de Estado y del discurso que sería leído por Bolsonaro luego de derrocar al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
«El objetivo era mantener a Jair Bolsonaro en el poder», insistió.
Antes de la intervención del fiscal, el magistrado instructor del caso, Alexandre de Moraes, presentó un informe general del caso en el que citó los delitos atribuidos a los acusados, describió los actos por los que fueron denunciados y relató cómo se llevaron a cabo las etapas del proceso hasta el juicio de este martes.
«Todos los acusados, en unidad de propósito y división de tareas, contribuyeron significativamente al proyecto violento de poder de la organización criminal, especialmente al mantenimiento del escenario de inestabilidad social que culminó en los hechos lesivos», afirmó Moraes.
Bolsonaro y los otros siete acusados, entre los que hay militares de alto rango y antiguos ministros de su Gobierno (2019-2022), fueron denunciados por abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.
La denuncia, presentada en febrero por la Fiscalía, acusó a Bolsonaro y a otros 33 sospechosos de tratar de anular los resultados de las elecciones de 2022 en las que Lula salió victorioso y mantenerse en el poder.
Según la acusación, la trama desembocó en la invasión violenta por parte de seguidores del mandatario de las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia el 8 de enero de 2023, pocos días después de la toma de posesión de Lula. EFE
