La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la decisión de la Asamblea Legislativa de El Salvador de destituir los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte de Justicia y sus cuatro suplentes, así como al Fiscal General, incumpliendo las normas constitucionales que regulan el procedimiento y los estándares interamericanos para la remoción de operadores de justicia, tales como debida fundamentación, derecho de defensa y debido proceso.
Mediante un comunicado, la CIDH instó a El Salvador a respetar al Estado Democrático de Derecho y anunció que, en respuesta a estos graves hechos, decidió instalar una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos en el país.
«La CIDH observa con extrema preocupación en las destituciones expeditas decretadas por la Asamblea Nacional, la ausencia de las garantías del debido proceso, así como la ausencia de causas específicas, conforme lo dispone la Constitución, elementos que constituyen un grave atentado al principio de separación e independencia de poderes y al Estado democrático de derecho», declaró la organización interamericana.
La CIDH urgió al Estado de El Salvador a preservar la institucionalidad democrática, respetando la separación e independencia de los poderes públicos; e hizo un llamado a que se asegure la permanencia de las personas magistradas de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General de la República en sus cargos por el tiempo previamente definido para sus mandatos y a que cualquier procedimiento de separación sea adoptado en estricta observancia al principio de la legalidad y garantías procesales.
