El presidente de Chile, José Antonio Kast, confirmó este domingo el envío al Congreso de dos reformas que buscan endurecer el control migratorio en el país, ampliando de cinco a 60 días prorrogables la retención de extranjeros irregulares para concretar su expulsión.
«Las emergencias en Chile, sean las emergencias en salud, educación, vivienda y sobre todo en seguridad, tenemos que enfrentarlas juntos. Todos tenemos claro que tenemos que enfrentar el tema de la inmigración irregular y no se puede hacer con un plazo de retención de las personas de sólo cinco días», afirmó el mandatario desde el Complejo Fronterizo Chacalluta, en la región de Arica.
La iniciativa, que contempla una reforma constitucional que permita modificar la Ley de Migración y Extranjería para adecuarla a los nuevos parámetros, incluye dos posibles prórrogas de hasta 60 días con razones debidamente fundadas.
«Son más herramientas que podría tener el Estado para llevar adelante una sanción administrativa, no penal, que cae sobre las personas que han ingresado regularmente y que están ya con decretos de expulsión», detalló el mandatario, que además visitó las líneas fronterizas para visitar la construcción de zanjas.
En la misma línea, Kast anunció un proyecto de ley que busca castigar la entrada y salida irregular de migrantes, además de «perseguir» a quienes faciliten su traslado.
«Estamos planteando una modificación al Código Penal para que también sea constitutivo de delito y un agravante, el trasladar a inmigrantes irregulares dentro de nuestra nación, y agregar el tema del tráfico de inmigrantes en el retorno a sus países en la medida que sea irregular», señaló el jefe de Estado.
Kast, el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder en Chile desde el retorno a la democracia, prometió en campaña mano dura contra migración irregular, por lo que impulsó desde su llegada a La Moneda la construcción de zanjas en el desierto de Atacama, en la frontera con Perú y Bolivia.
En Chile hay actualmente más de 330.000 extranjeros en situación irregular, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
En 2025 hubo 26.275 denuncias de ingreso por paso no habilitado, una bajada del 10,2 % respecto a 2024 y del 53,6 % respecto al máximo histórico de 2021 de 56.586 denuncias; la mayoría de ellos son ciudadanos venezolanos, según han informado las autoridades.
El año pasado fue el año con más expulsiones administrativas dictadas desde 2016: 23.778, de las cuales el 64,2 % afectó a venezolanos, el 12,7 % a colombianos y el 11,9 % a bolivianos.
De las expulsiones materializadas, no obstante, el 50,7 % correspondió a colombianos, ya que Chile y Venezuela suspendieron relaciones diplomáticas el 30 de enero de 2025, imposibilitando la ejecución de expulsiones a nacionales venezolanos. EFE
