Una jueza española ha abierto una investigación penal sobre la entrada masiva e irregular de decenas de miles de personas en la ciudad norteafricana de Ceuta desde Marruecos el 30 y 31 de julio pasado, en la que hubo unos 140 muertos.
La magistrada de Audiencia Nacional María Tardón considera que se trata de una «conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España».
Y aprecia concretamente una «clara e indudable gestión favorecedora» desde Marruecos debido a que agentes de ese país, limítrofe con Ceuta, realizaron un «guiado activo» de quienes cruzaban la frontera con España ilegalmente, algo que indicaba la Policía española en un informe que había encargado la propia jueza.
La magistrada percibe una actitud de «permisividad» del comportamiento «constatado y gráficamente contrastado» de las fuerzas de Seguridad de Marruecos», según un auto conocido este lunes.
También advierte cómo «los propios policías uniformados van realizando indicaciones a las personas que cruzaban ilegalmente la frontera, para dirigirles» y para «superar los obstáculos», y hasta organizar el acceso a la zona que conduce a la playa marroquí de Fnideq, a pocos kilómetro de Ceuta.
Así, Tardón detecta indicios de delitos contra la paz e independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con los de homicidios imprudentes, así como de organización criminal.
Según el Gobierno español, en esa avalancha accedieron a Ceuta más de 70.000 personas, de las que unos 5.000, entre magrebíes y subsaharianos, permanecen en la ciudad. Al menos 2.000 son menores de edad.
Muchos malviven en condiciones precarias en campamentos improvisados en playas de la ciudad, que vive una grave crisis socioeconómica, problemas de seguridad y un malestar creciente de los residentes locales, a la espera de que las autoridades española completen su filiación y decidan sobre una eventual devolución a Marruecos. EFE
